M.Sc. Andrey Badilla Solano
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La relación crítica del Estado costarricense con la seguridad social no responde a un momento coyuntural (2023) sino que es el resultado de una variedad de factores que intervienen en ella. Si bien los adeudos del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) pueden ser rastreado hasta principios de la década de los 80, lo cierto es que las principales fuentes del endeudamiento estatal responden principalmente a la responsabilidad establecida en 1993 mediante la ley 7374 conocida como Ley de Indigencia, aunque su nombre correcto es Ley del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del Hospital San Rafael de Alajuela, en ella en los artículo 5 y 6 se crea la responsabilidad de contribución del Estado para aquellas poblaciones en condición de indigencia. Sin embargo, el Estado no asigna los recursos presupuestarios para hacer efectiva la contribución por lo que acumula una deuda con la seguridad social que aún perdura. A su vez, durante ese mismo quinquenio durante el periodo 1990-1994 da inicio el Plan Nacional de Desarrollo 90-94 el cual promovió la reforma del sector salud, transfiriendo las responsabilidades de la atención primaria antiguamente en manos del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense del Seguro Social la cual se hizo efectiva a partir de año 1995, no obstante, nuevamente el Estado no le asigna recursos financieros a la institución para que esta pudiera asumir las nuevas responsabilidades. A grandes rasgos los dos antecedentes mencionados son los principales rubros en el monto adeudado por el Estado a la seguridad, aunque no son los únicos. El rubro correspondiente a dichos adeudos representa aproximadamente 6 billones de colones, lo que equivale aproximadamente entre el 6 – 7% del PIB de Costa Rica al 2020, es decir, es un rubro importante similar en tamaño al monto del déficit financiero del Estado, el cual al 2020 era de 8,05% del PIB nacional. Las razones detrás de por qué el Estado acumula una deuda tan grande con la seguridad social son muchas, podría alegarse que existe una mal praxis política de asignación de responsabilidades sin demostración de suficiencia de recursos, es decir, en ambos casos los gobiernos de turno crearon responsabilidades sin preocuparse por demostrar cómo y de dónde procederían los recursos necesarios para hacer efectivas las nuevas responsabilidades. Por otra parte, durante todo el periodo considerado desde 1980 hasta la actualidad (2023) los distintos gobiernos de turno han tenido que recurrir a una variedad de estrategias de financiamiento del déficit de gobierno, es decir, lo ingresos vía contribuciones fiscales han sido insuficientes para pagar las deudas del Estado con la seguridad social así como cumplir con los porcentajes establecidos constitucionalmente en salud y educación, por lo que los adeudos con la seguridad social son pagados a través más endeudamiento, ya sea interno o externo, además se ha recurrido a tecnicismo legales para recortar el monto adeudado o bien simple y, llanamente ignorar la situación y heredarla al siguiente gobierno.
Los movimientos sociales deben enfocarse en primera instancia en llegar a un acuerdo de pago entre Hacienda y la CCSS por el montón total adeudado, a la vez debe crearse la partida presupuestaria para el Estado pague de manera regular las responsabilidades que tiene con la población de indigencia y otras poblaciones con cobertura del Estado, dado que sin ella el Estado volverá a acumular otra deuda con la seguridad social en un nuevo periodo. Por otra parte, quizás en el fondo el problema radique más bien en cómo lograr un proceso de consolidación fiscal progresista y suficiente para cubrir todas y cada una de las responsabilidades del Estado social de derecho.
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