M.Sc. Gustavo Gatica López

La política fiscal se refiere a lo que las autoridades de un país hacen (o dejan de hacer) en materia de ingresos y gastos públicos. Es una herramienta central en la estrategia de desarrollo de un país dado que, entre otros aspectos, facilita la sostenibilidad de las inversiones públicas; permite responder a los compromisos nacionales adquiridos; asegura la provisión de servicios estratégicos o; favorece entornos para la generación de empleo. Pero quizás lo más importante es que una política fiscal debe ser un instrumento que ayuda a garantizar niveles crecientes de bienestar a las personas que habitan el país.

Con la implementación en 2019 de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Costa Rica priorizó un enfoque de disciplina fiscal a través de una férrea “contención del gasto”.  Las autoridades de Hacienda pueden sentirse satisfechas. Con esta ley, han mantenido la estabilidad fiscal asegurando que la deuda pública no supere el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

La contención del gasto ha tenido diversos efectos y no todos han sido positivos.  Dos de ellos han sido, la disminución de la cobertura y calidad de bienes y servicios que llegan a familias empobrecidas y; el congelamiento de los salarios de quienes trabajan en el sector público.

Pero, para la actual Administración de Gobierno esto no es suficiente, hay que profundizar la austeridad fiscal.  A finales del mes de junio, el ministro de Hacienda con el visto bueno de la presidenta anunció un recorte del 5% al presupuesto de todas las instituciones públicas durante el segundo semestre del 2026. El ajuste presupuestario también se hará para el 2027, aunque aún no se sabe su magnitud. 

Recortar el presupuesto a todas las instituciones por igual, puede ser equivalente a dispararse en los pies. El país atraviesa serios problemas de inseguridad y una profunda penetración del narcotráfico tanto en las comunidades como en distintas instituciones.  El recorte anunciado, disminuirá la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales frente al crimen organizado y al narcotráfico.  ¿Es necesario sacrificar vidas humanas para mantener el equilibrio fiscal?

Las autoridades exigen que “todos se soquen la faja” e impusieron recortes presupuestarios a diestra y siniestra (esto no aplica para la publicidad de la Casa Presidencial, que contrario a la austeridad, incrementó su presupuesto).  La mandataria y sus autoridades fiscales han sido claras en que no aumentarán los impuestos. La única fuente potencial de ingresos que han anunciado es la propuesta de venta del Banco de Costa Rica, que, generaría un ingreso equivalente al 2 o 3 % del PIB, según el precio de mercado al que eventualmente se venda. 

¿Todo debe resolverse con recortes presupuestarios? Las autoridades lo creen. Yo no lo creo y pienso que hay otras alternativas. Veamos un ejemplo. El Ministerio de Hacienda tiene datos (no actualizados para los años 2023-2025), que muestran las brechas de incumplimiento tributario. Estas brechas son la diferencia entre los impuestos efectivos recaudados y los impuestos potenciales estimados, asumiendo que las personas y empresas pagan sus impuestos.  El Ministerio de Hacienda ha calculado, cuánto es esta diferencia en el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, anteriormente, Impuesto General de Ventas (Figura 1).

El Ministerio de Hacienda ha estimado cómo se descompone este incumplimiento, es decir, quiénes están dejando de pagar (personas asalariadas, personas físicas con actividad lucrativa y, sobre todo, personas jurídicas). Acá está una de las rutas con un amplio espacio de acción para las autoridades: atacar el incumplimiento tributario. Según los datos, en los últimos once años para los que hay registros, este incumplimiento promedio anual ha sido equivalente al 5.6 por ciento del PIB, con una mayor proporción de incumplimiento en el Impuesto sobre la Renta por parte de personas jurídicas.

“Socarse la faja” se traduce en este momento en un recorte de 5% a los presupuestos institucionales. ¿Por qué los jerarcas del Ministerio de Hacienda no proponen también una meta para la disminución del incumplimiento tributario que incremente simultáneamente los ingresos?  Si las autoridades respectivas se pusieran una meta conservadora de disminución del 0.7 % anual en el incumplimiento tributario, al cabo de cinco años, podrían lograr aumentos en los ingresos cercanos al 3.5 % del PIB, mucho más de lo que se podría lograr con la venta del Banco de Costa Rica.

Actualmente, el Poder Ejecutivo cuenta con mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Esto le brinda la enorme oportunidad de realizar reformas (en caso de ser necesario), para alcanzar este tipo de metas.  El escenario les puede permitir balancear el enfoque de la política fiscal para aumentar los ingresos y dejar de sacrificar la provisión de bienes y servicios estratégicos para el desarrollo del país. Hay otras rutas más allá de la austeridad y recortes fiscales, es cuestión de voluntad política y por supuesto, de que hagan su trabajo.