Lic. Andrey Pineda Sancho

Ante la presencia cada vez más arraigada de propuestas, lenguajes, y sensibilidades políticas de tipo populista en Costa Rica, una de las reacciones más frecuentes, entre quienes miramos con sospecha esta forma de construir el poder, ha sido la de cerrar filas en torno a la defensa de la llamada institucionalidad democrática. Las apelaciones cuasi inerciales al Estado de derecho, a la división republicana de poderes, y a la necesidad de mantener vigentes las reglas propias de una democracia liberal como la nuestra han sido, hasta ahora, los intentos de respuesta más comunes frente a los proyectos que se ofrecen como portadores de “soluciones inmediatas” a los problemas más acuciantes de la sociedad costarricense.

Razones existen para reaccionar de este modo. La democracia costarricense, con sus vicios y sus virtudes, se constituyó, a lo largo de varias décadas, y en particular después de la segunda mitad del siglo XX, como uno de los regímenes más estables de todo el continente. Factores como la continuidad electoral, la legitimidad del sufragio, la vigencia prolongada de derechos fundamentales, y la existencia de mecanismos institucionales de control al ejercicio del poder gubernamental, configuraron un núcleo institucional de excepcionales connotaciones dentro del contexto latinoamericano.

Este núcleo fue acompañado, por otra parte, por un componente simbólico-ideológico que arraigó de forma efectiva en los imaginarios socialmente compartidos y en la cultura política del país. Más allá de su arquitectura institucional y jurídica, la democracia costarricense, como cualquier democracia funcional, se mantuvo en el tiempo gracias a la aceptación que encontró entre la ciudadanía y los actores políticos, así como a la creencia en sus bondades en tanto mecanismo para la organización y distribución del poder político, la canalización de los conflictos sociales y la producción de acuerdos colectivos. Todo esto, en general, es lo que se invoca a la hora de defender la institucionalidad democrática del país frente a los estilos, lenguajes y proyectos que se perciben, con o sin justicia, como amenazantes.

Esta defensa, aunque bienintencionada, suele obviar, sin embargo, que junto a las virtudes históricas de la democracia costarricense han coexistido vicios que no solo han llegado a adquirir un carácter crónico en los últimos años, sino que han erosionado, de manera cada vez más patente, la confianza ciudadana en la efectividad de sus resultados. Desde los años 90 del siglo pasado, tanto el régimen como el sistema político empezaron a aparecer, ante amplios sectores de la población, como incapaces de intermediar a plenitud sus intereses o de ofrecer soluciones adecuadas a sus necesidades. La implosión del bipartidismo que dominó la escena política durante más de dos décadas, la excesiva burocratización de los procesos estatales, la recurrencia de escándalos de corrupción, así como de prácticas asociadas al nepotismo, al amiguismo y al tráfico de influencias, y, en general, la sensación de captura del Estado por parte de élites egoístas, derivaron, en el presente siglo, en un descredito de la democracia realmente existente en el país.

Tal descrédito se ha alimentado, además, de las insatisfacciones que los resultados del proyecto de sociedad privilegiado desde las instancias decisorias más influyentes han instalado entre amplios sectores de la población costarricense durante los últimos decenios. La liberalización económica y la reorientación del papel del Estado en la vida productiva que hacen parte de ese proyecto, de una u otra forma han logrado generar equilibrios macroeconómicos persistentes y dinamizar segmentos específicos de la economía, pero se han mostrado incapaces de generar procesos amplios de inclusión social. Este ha dado lugar a una estructura productiva dual, en la que coexisten pequeños sectores altamente competitivos y bien remunerados con grandes contingentes expuestos a la precariedad laboral, a la desprotección social y a posibilidades cada vez más restringidas de movilidad social ascendente. Todo lo cual se ha visto agravado, además, por el deterioro del sistema educativo, el debilitamiento de los mecanismos de protección social y los crecientes problemas en la provisión de servicios públicos.

Este plano de la problemática ayuda a explicar el malestar con la representación política y con el propio diseño institucional del Estado costarricense, así como el atractivo que han adquirido las respuestas de tipo populista en los últimos tiempos. Ante un sistema que se muestra incapaz de procesar con eficacia las demandas sociales, de reducir las desigualdades persistentes o tan siquiera de ofrecer horizontes realistas de mejora material, el populismo ofrece salidas simples y claras. Frente a decisiones que se perciben opacas o capturadas por élites políticas o económicas, promete transparencia y redistribución del poder; frente a la lentitud institucional y a los contrapesos que estructuran la toma de decisiones, ofrece liderazgo fuerte y resolutivo; y frente a una sociedad atravesada por fragmentaciones de diversa índole, invoca la existencia de un “pueblo” homogéneo con voluntad evidente y expectativas igualmente transparentes.  

Hacerle frente al populismo, con todo lo que este tiene de disruptivo y cautivador, no pasa únicamente por la invocación automática de las virtudes históricas de la institucionalidad democrática costarricense, sino ante todo por reconocer las condiciones estructurales y subjetivas que sustentan el fenómeno. Enfrentar el atractivo que este suscita, exige asumir las tensiones que le dan viabilidad, las demandas y expectativas ciudadanas que se expresan a través de él, y, finalmente, atender los déficits de representación, eficacia estatal y justicia social que han minado la credibilidad del orden democrático liberal.

Para defender este orden ante los embates de un proyecto que, sin dejar de ser democrático en sentido estricto, tiende a empobrecer la experiencia democrática en muchas de sus dimensiones sustantivas, resulta necesario recomponer la relación entre representación y sociedad, entre mediaciones institucionales y capacidad efectiva de respuesta pública, mediante la ampliación de los mecanismos de rendición de cuentas, el fortalecimiento del control ciudadano sobre las instituciones, la transparencia en las instancias de decisión y la apertura de espacios de participación que transciendan el mero acto del sufragio. Supone, asimismo, reforzar la capacidad estatal para producir resultados que doten de sustento material a las mediaciones democráticas. Solo a través de esta articulación entre control, participación, visibilidad y eficacia podrá la democracia costarricense procesar sus tensiones sin darle más sustento a salidas simplistas y autoritarias.

Dra. Marcela Pérez Rodríguez, investigadora CICDE

Después del 1 de febrero del 2026, de manera pausada y cuidadosa analizo los resultados de las elecciones, sus tensiones e intento imaginar posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo. Escenarios complejos y con realidades que podrían afectar de manera directa a las personas mayores de 65 años y sus cuidadores, en particular, a las mujeres. Aquellas mujeres que no pueden trabajar por su labor de cuido. Mujeres mayores que cuidan a personas adultas de edades avanzadas sin salario fijo, mujeres que habitan en la ciudad, en las zonas costeras, urbanas o rurales. Mujeres que trabajarán en tareas de cuido hasta que su cuerpo no dé más. Una señora mayor de 96 años expresó: “Hay que ser valiente para llegar a esta edad”. Son palabras sentidas, enérgicas, vividas. Son batallas individuales, silenciosas y transcendentes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el año 2025 proyecta que para el año 2050 el 24.9% de la población costarricense será adulta mayor. Por otra el Informe del Estado de la Nación señala que, en menos de 25 años, el número de personas mayores de 80 años se multiplicará por cuatro y en la actualidad y el Estado invierte cerca del 0.1 del PIB en servicios de cuidado y apoyo a esta población. Un dato lamentable, en particular si lo comparamos con los estándares promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que es de un 3%.  Esto quiere decir, que tanto las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales orientadas a apoyar esta población tienen grandes retos y desafíos para mejorar la situación económica, social y cultural de esta población. Pero también, tienen un gran reto en el espacio político: fortalecer el sistema de cuidados en las distintas regiones y localidades del país. Para esto, requiere de programas y proyectos sostenibles a través del tiempo, con disponibilidad presupuestaria y, lo más importante recurso humanos especializados y calificados en los territorios. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social debe tener geriatras, enfermeras y asistentes especializadas en los Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS) y tener un equipo de atención domiciliar multidisciplinario y con atención permanente y efectiva. Otro ejemplo, es el temade movilidad para esta población específica. Se requiere que el Estado promueva el transporte gratuito (adaptado a esta población) a nivel local para que ésta pueda asistir a los Centros de Salud, Centros Diurnos o Grupos organizados formales o no formales que apoyan a las personas mayores. Este transporte, podría financiarse por medio de la Junta de Protección Social y las Municipalidades. Son dos ejemplos, que requieren inversión, voluntad política y una postura solidaria, humanitaria.

Costa Rica es uno de los países de América Latina que tiene instrumentos jurídicos que protegen a las personas Mayores. Desde la Constitución Política (1949), hasta leyes específicas como la Ley número 7935, Ley Integral para la Persona Mayor aprobada el 25 de octubre del 1999 y con varias reformas o ajustes. la Ley 9857, Ley que Penaliza el abandono de las Personas Adultas Mayores, aprobada el 15 de junio del 2020. Así como Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016, en el que se ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, primer instrumento jurídico, vinculante para el Estado a nivel internacional. Ley que debemos cumplir.

Tenemos los instrumentos de protección. ¡Debemos fortalecer los sistemas de cuidados de este país! ¡Debemos con sentido de urgencia invertir en lo social!

Referencias Bibliográficas

Consejo Nacional de Rectore. https://estadonacion.or.cr/?informes=estado-de-la-nacion-2025. 2025. (último acceso: diciembre de 2025).

Instituto Nacional de Estadística y Censos . https://inec.cr/.(último acceso: enero de 2025.