M.Sc. Gustavo Gatica López

La política fiscal se refiere a lo que las autoridades de un país hacen (o dejan de hacer) en materia de ingresos y gastos públicos. Es una herramienta central en la estrategia de desarrollo de un país dado que, entre otros aspectos, facilita la sostenibilidad de las inversiones públicas; permite responder a los compromisos nacionales adquiridos; asegura la provisión de servicios estratégicos o; favorece entornos para la generación de empleo. Pero quizás lo más importante es que una política fiscal debe ser un instrumento que ayuda a garantizar niveles crecientes de bienestar a las personas que habitan el país.

Con la implementación en 2019 de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Costa Rica priorizó un enfoque de disciplina fiscal a través de una férrea “contención del gasto”.  Las autoridades de Hacienda pueden sentirse satisfechas. Con esta ley, han mantenido la estabilidad fiscal asegurando que la deuda pública no supere el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

La contención del gasto ha tenido diversos efectos y no todos han sido positivos.  Dos de ellos han sido, la disminución de la cobertura y calidad de bienes y servicios que llegan a familias empobrecidas y; el congelamiento de los salarios de quienes trabajan en el sector público.

Pero, para la actual Administración de Gobierno esto no es suficiente, hay que profundizar la austeridad fiscal.  A finales del mes de junio, el ministro de Hacienda con el visto bueno de la presidenta anunció un recorte del 5% al presupuesto de todas las instituciones públicas durante el segundo semestre del 2026. El ajuste presupuestario también se hará para el 2027, aunque aún no se sabe su magnitud. 

Recortar el presupuesto a todas las instituciones por igual, puede ser equivalente a dispararse en los pies. El país atraviesa serios problemas de inseguridad y una profunda penetración del narcotráfico tanto en las comunidades como en distintas instituciones.  El recorte anunciado, disminuirá la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales frente al crimen organizado y al narcotráfico.  ¿Es necesario sacrificar vidas humanas para mantener el equilibrio fiscal?

Las autoridades exigen que “todos se soquen la faja” e impusieron recortes presupuestarios a diestra y siniestra (esto no aplica para la publicidad de la Casa Presidencial, que contrario a la austeridad, incrementó su presupuesto).  La mandataria y sus autoridades fiscales han sido claras en que no aumentarán los impuestos. La única fuente potencial de ingresos que han anunciado es la propuesta de venta del Banco de Costa Rica, que, generaría un ingreso equivalente al 2 o 3 % del PIB, según el precio de mercado al que eventualmente se venda. 

¿Todo debe resolverse con recortes presupuestarios? Las autoridades lo creen. Yo no lo creo y pienso que hay otras alternativas. Veamos un ejemplo. El Ministerio de Hacienda tiene datos (no actualizados para los años 2023-2025), que muestran las brechas de incumplimiento tributario. Estas brechas son la diferencia entre los impuestos efectivos recaudados y los impuestos potenciales estimados, asumiendo que las personas y empresas pagan sus impuestos.  El Ministerio de Hacienda ha calculado, cuánto es esta diferencia en el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, anteriormente, Impuesto General de Ventas (Figura 1).

El Ministerio de Hacienda ha estimado cómo se descompone este incumplimiento, es decir, quiénes están dejando de pagar (personas asalariadas, personas físicas con actividad lucrativa y, sobre todo, personas jurídicas). Acá está una de las rutas con un amplio espacio de acción para las autoridades: atacar el incumplimiento tributario. Según los datos, en los últimos once años para los que hay registros, este incumplimiento promedio anual ha sido equivalente al 5.6 por ciento del PIB, con una mayor proporción de incumplimiento en el Impuesto sobre la Renta por parte de personas jurídicas.

“Socarse la faja” se traduce en este momento en un recorte de 5% a los presupuestos institucionales. ¿Por qué los jerarcas del Ministerio de Hacienda no proponen también una meta para la disminución del incumplimiento tributario que incremente simultáneamente los ingresos?  Si las autoridades respectivas se pusieran una meta conservadora de disminución del 0.7 % anual en el incumplimiento tributario, al cabo de cinco años, podrían lograr aumentos en los ingresos cercanos al 3.5 % del PIB, mucho más de lo que se podría lograr con la venta del Banco de Costa Rica.

Actualmente, el Poder Ejecutivo cuenta con mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Esto le brinda la enorme oportunidad de realizar reformas (en caso de ser necesario), para alcanzar este tipo de metas.  El escenario les puede permitir balancear el enfoque de la política fiscal para aumentar los ingresos y dejar de sacrificar la provisión de bienes y servicios estratégicos para el desarrollo del país. Hay otras rutas más allá de la austeridad y recortes fiscales, es cuestión de voluntad política y por supuesto, de que hagan su trabajo.

La violencia letal en América Latina y en Costa Rica no puede leerse únicamente como un problema penal: funciona, al mismo tiempo, como un problema de salud pública, de desarrollo y de organización social, y su costo real excede ampliamente cualquier presupuesto de seguridad.

M.Sc. Julio Solís Moreira

La evidencia comparada sugiere observar la violencia como un fenómeno poblacional, no como una suma de casos aislados. El enfoque de salud pública, tal como lo formula el CDC (2024), opera en cuatro pasos —del monitoreo del problema a la adopción amplia de estrategias preventivas probadas— y articula epidemiología, sociología, criminología, educación y economía. No se trata de medicalizar el delito ni de negar sus dimensiones políticas o criminales, sino de observar incidencias, desigualdades de exposición y efectos acumulativos sobre poblaciones concretas. La Organización Mundial de la Salud (2002) lo resumió en una idea central: la violencia es, en buena medida, predecible y prevenible, y la prevención primaria debe ocupar un lugar prioritario.

En ese marco, América Latina y el Caribe presentan un rasgo que obliga a precisar el diagnóstico. La región concentra cerca del 9% de la población mundial, pero registra un tercio de los homicidios del planeta, con tasas que fueron 5,4 veces la mundial en 2000-2009 y 8 veces en 2010-2019 (World Bank, 2025). El problema no es solo que exista crimen, sino que la criminalidad es extraordinariamente letal: las tasas superan lo esperable por nivel de ingreso, desigualdad y victimización, un exceso que el Banco Mundial vincula con el crimen organizado y con debilidades en policía, justicia y prisiones. El BID (2024) estima que los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron el 3,44% del PIB regional en 2022, cerca del 80% del presupuesto educativo de la región; y el daño se concentra en adolescentes y jóvenes, sobre todo varones, en los territorios urbanos más desfavorecidos (Heredia Martínez y Bergonzoli, 2023).

Dentro de ese panorama, Costa Rica ya no constituye una excepción cómoda en Centroamérica. En 2024, el Observatorio de la Violencia, con datos del OIJ, registró 879 homicidios dolosos, mientras que el INEC contabilizó 862 muertes por homicidio desde las estadísticas vitales (Observatorio de la Violencia, 2025; INEC, 2025). La diferencia entre fuentes no invalida la tendencia: confirma que la violencia debe medirse, a la vez, con registros policiales, judiciales, sanitarios y demográficos. El perfil reproduce los rasgos de alta letalidad regional: el 91% de las víctimas eran hombres, el 60% tenía entre 15 y 35 años, más del 70% de los hechos se cometió con armas de fuego y el 74% respondió a móviles ligados al crimen organizado, concentrados en San José, Puntarenas y Limón. Entre 2010 y 2024, las muertes por homicidio pasaron de 483 a 862, un aumento del 78,5% (INEC, 2025).

La traducción económica de ese deterioro es severa. El BID (2024) estima para Costa Rica un costo directo del crimen y la violencia de entre 2,61% y 3,45% del PIB en 2022, con un punto medio de 3,03%; sobre el PIB de ese año, el rango equivale aproximadamente a entre US$1.810 y US$2.390 millones anuales. Conviene compararlo con el esfuerzo educativo nacional, que la Contraloría General de la República (2022) situó en 6,4% del PIB: los costos directos de la violencia representan entre el 40,8% y el 53,9% de ese esfuerzo, con un punto medio cercano al 47%. Una fracción muy alta del esfuerzo por formar capital humano puede verse así absorbida por la destrucción de vidas, la prevención privada y la pérdida de productividad. Y aun así es una estimación conservadora: el propio BID advierte que no captura plenamente el miedo, la caída de la inversión, la migración ni el deterioro de la salud mental.

Pero el costo no se agota en lo fiscal. La lectura demográfica resulta decisiva: los homicidios, concentrados en edades jóvenes y productivas, frenan avances de bienestar que solemos atribuir a la expansión de los servicios de salud (Canudas-Romo y Aburto, 2019). En Costa Rica, Fantin y Barboza-Solís (2020) muestran que los homicidios y los accidentes de tránsito redujeron la esperanza de vida masculina en 1,2 años —y en 1,9 entre los nacidos en Limón—, de modo que un hombre nacido en Limón llegaba a tener hasta 2,6 años menos de esperanza de vida que uno nacido en Alajuela, mientras el INEC (2025) confirma la mortalidad prematura. A ello se suma una dimensión subjetiva con efectos materiales: según el PNUD y la UCR (2022), el 65,5% de las personas considera el país poco o nada seguro —con un temor sistemáticamente mayor entre las mujeres—, lo que incide sobre el ejercicio de derechos y las decisiones de educación, empleo e inversión.

Es en esa última capa, la de los vínculos, donde la evidencia de escala barrial aporta lo que no se observa en las cuentas fiscales. Los estudios de Solís Moreira (2016) y de Solís Moreira y Coto Murillo (2017) en barrios de San José muestran que la seguridad comunitaria, cuando se articula con confianza y organización, refuerza capacidades locales de información, coordinación y colaboración; y que la violencia, el miedo y ciertas dinámicas comerciales pueden, en sentido inverso, vaciar el espacio vecinal, producir anonimato y debilitar la reciprocidad. Conviene mantener cautela metodológica —son estudios de caso, no muestras nacionales—, pero su valor está en revelar mecanismos micro-sociales medibles: menos conocimiento mutuo, menos radios de confianza, más estigmatización territorial.

Vista en conjunto, desde una lectura sistémica, la violencia opera como un riesgo de capas superpuestas: eleva la mortalidad prematura y el trauma en el plano individual; deteriora la confianza y la cooperación en el relacional; vacía y segmenta el espacio público en el comunitario; presiona a policía, justicia y salud en el institucional; y desvía recursos desde la educación y la innovación hacia el control y la reparación en el macroeconómico. La conclusión de fondo es que la violencia destruye, al mismo tiempo, capital humano y capital social: mata en las edades donde el retorno de la inversión pública todavía se desplegaba y erosiona los vínculos que sostienen convivencia, comercio y participación. Por ello, una contabilidad seria del costo de la violencia en Costa Rica no puede limitarse a contar homicidios ni a sumar presupuestos de seguridad: debe incluir los años de vida perdidos, la productividad destruida, la inversión desplazada, la salud mental afectada y la erosión silenciosa del tejido social.

Referencias

Banco Interamericano de Desarrollo. (2024). The costs of crime and violence: Expansion and update of estimates for Latin America and the Caribbean.

Canudas-Romo, V., y Aburto, J. M. (2019). Youth lost to homicides: Disparities in survival in Latin America and the Caribbean. BMJ Global Health, 4(2), e001275.

Centers for Disease Control and Prevention. (2024). About the public health approach to violence prevention.

Contraloría General de la República. (2022). Monitoreo de la gestión pública: Sector educativo.

Fantin, R., y Barboza-Solís, C. (2020). Las inequidades de esperanza de vida según la provincia de nacimiento en Costa Rica entre 2013 y 2017. Población y Salud en Mesoamérica, 18(1).

Heredia Martínez, H. L., y Bergonzoli, G. (2023). Mortalidad por violencia interpersonal en adolescentes y jóvenes en América Latina. Revista Panamericana de Salud Pública, 47, e91.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Panorama demográfico 2024.

Observatorio de la Violencia. (2025). Homicidios dolosos 2024. Ministerio de Justicia y Paz.

Organización Mundial de la Salud. (2002). World report on violence and health. Organización Panamericana de la Salud.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Universidad de Costa Rica. (2022). Resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana Costa Rica 2022.

Solís Moreira, J. (2016). Incidencia de la seguridad comunitaria y el capital social en barrios urbanos de San José, Costa Rica. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (19), 90-110.

Solís Moreira, J., y Coto Murillo, P. (2017). Convivencia urbana y apropiación de espacios barriales en San José, Costa Rica. Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos, (7), 184-210.

World Bank. (2025). Violence in Latin America and the Caribbean: A development challenge.