Lic. César Moya Aburto

Costa Rica ha labrado un camino democrático, de reconocimiento de los derechos humanos y de avanzada en materia de garantías sociales desde la década de 1940, ha sido firmante de múltiples Instrumentos, Normativas, Convenios, que regulan y respaldan Derechos de los Pueblos Indígenas, como lo sería el Convenio 169 de los Pueblos y Grupos Étnicos, instrumento normado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y firmado por Costa Rica desde 1992.

Sin embargo, este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pese a estar adscrito oficialmente por Costa Rica, muchas veces no se cumplen a plenitud, en la mayoría de los casos, el cumplimiento de estos derechos específicos queda en el discurso, o como popularmente se dice, queda en el papel. Siendo evidente que existe un doble discurso de parte del Estado costarricense; hacia afuera la cara pública e internacional del país muestra un Estado progresista, comprometido con los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero en la práctica, al interno del país, el ejercicio y aplicación de estos, quedan pendientes e incumplidos Ante estas deudas, muchos de los derechos de los pueblos indígenas se cumplen finalmente debido a la lucha y presión del movimiento indígena, no necesariamente, por voluntad del Estado costarricense.

Pese a existir una tradición democrática y un discurso a nivel país sobre la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, valdría la pena reflexionar sobre qué sucede para el caso de los pueblos indígenas, ¿Los derechos de estos pueblos se cumplen?, ¿Hay coherencia entre el discurso y la práctica?, ¿La institucionalidad costarricense tiene presente los derechos específicos de los pueblos originarios cuando ofrece sus servicios?

Ha existido un desgaste e incumplimiento de estos derechos en años recientes, en particular para el caso de los pueblos indígenas, de acuerdo con Acuña (2025), siguiendo a su vez el Informe del Estado de la Nación (2023), el desgaste del desarrollo humano se constata debido a que, comparativamente con años anteriores, hoy día menos personas tienen acceso a oportunidades laborales, de bienestar social y a un entorno seguro.

En este mismo sentido, de acuerdo con Boeglin (2024), en Costa Rica se observa desde hace ya varios años una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad. Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.

En días recientes, salió a circular un video en varias páginas de redes sociales, una situación que debería llamar nuestra atención como sociedad, por lo que evidencia el suceso ocurrido en dicha grabación, en la cual se observa el abordaje de dos policías municipales de Pérez Zeledón, a un señor de nombre Uriel Segura Morales, de 56 años, indígena cabécar de China Kichá, quien fue educador en el territorio de Chirripó, según comenta don Gilberth González en su perfil de Facebook.

El video muestra como uno de los oficiales persigue a don Uriel para detenerlo y abordarlo, luego de que el oficial municipal logra alcanzarlo, se observa como este oficial junto con otro compañero, también oficial municipal, acorralan a don Uriel para amedrentarlo y propinarle un golpe en su mandíbula. Don Uriel, cabizbajo sostiene su mandíbula luego del golpe, el oficial agresor observa a su alrededor, como viendo si alguien notó lo sucedido. ¿Será que don Uriel representó una amenaza para dos oficiales armados?, ¿Era necesario dicho abordaje frente a la situación que se estaba atendiendo en ese momento? Luego de lo sucedido, don Emmanuel Ceciliano Alfaro, alcalde de Pérez Zeledón, manifestó que se realizará la suspensión y se aplicarán procesos disciplinarios para ambos oficiales municipales.

Independientemente de si don Uriel cometió una falta frente a la autoridad (no lo sabemos, en el video no se observa), y comprendiendo que las fuerzas policiales, así como el resto de institucionalidad pública deben velar por el ordenamiento público, el abordaje institucional, policial, estatal, municipal, y el servicio ofrecido por entes privados, deberían darse en el marco de los derechos humanos, en este caso, en el de los derechos de los pueblos indígenas y finalmente de la dignidad humana, ya que salta la duda:  ¿esta situación se hubiese dado de la misma forma si don Uriel no fuera indígena?

Bibliografía

Acuña Sossa, Kattia. 2025. «Costa Rica multiétnica y pluricultural». Archipélies, HS1| 2025, 1-19.  http://journals.openedition.org/archipelies/3524

Boeglin, Nicolas. 2024. «La agenda de derechos humanos en Costa Rica: una deuda cada vez más pesada». Voz experta. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2024/12/12/voz-experta-la-agenda-de-derechos-humanos-en-costa-rica-una-deuda-cada-vez-mas-pesada.html

González Maroto, Gilbert. 2026. «Don Uriel Segura Morales» Facebook. https://www.facebook.com/reel/1395804509349695