Lic. Pablo Arturo Díaz González
En el 2024, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 (ENIA), la cual pretendía ser una hoja de ruta que aspire a posicionar al país como líder regional en la gobernanza ética y el desarrollo de tecnologías avanzadas. En el papel el discurso es impecable: se habla de una "IA centrada en las personas", alineada con la OCDE y la UNESCO, y que promueva el uso, adopción y desarrollo de la inteligencia artificial de manera ética, segura y responsable [1].
Sin embargo, al confrontar este relato con la realidad material del país y los proyectos de ley propuestos en la Asamblea Legislativa, la distancia entre las expectativas y las posibilidades reales es significativa: falta de presupuesto, ausencia de personal técnico especializado y el riesgo de generar leyes inoperantes. Todo esto amenaza con transformar la promesa de la soberanía tecnológica en un laberinto burocrático.
El primer obstáculo es el déficit de financiamiento. La propia ENIA reconoce que la inversión nacional en investigación, desarrollo e innovación es insuficiente y que el país se enfrenta a una escasez de infraestructura tecnológica y talento altamente especializado en IA. Para muestra, un dato revelador de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) señala que, aunque el 35% del parque empresarial en tecnologías de la información y comunicación ofrece servicios relacionados con la IA en su cartera, solo el 1% del sector está realmente especializado en esta [1].
A nivel nacional simplemente carecemos del músculo para competir en la carrera global de patentes y algoritmos comerciales. En este contexto, legislar sobre la IA sin proveer recursos financieros reales es una receta para el fracaso. El proyecto de ley Expediente N.° 24.484 ("Ley para la Implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial") ilustra esta disonancia. En las consultas de subcomisión, el propio MICITT encendió las alarmas al señalar que el proyecto le asigna fuertes responsabilidades de regulación, supervisión y acompañamiento a su Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación [2]. El problema radica en que esta dirección no cuenta con presupuesto asignado ni personal especializado para asumir tales tareas.
El segundo gran problema de los esfuerzos legislativos actuales consiste en la falta de aplicabilidad y rigor técnico. El informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre el Expediente N.° 24.484 clasificó la propuesta como "derecho blando", destacando que el texto se limita a enunciar principios generales y obligaciones morales, pero carece de un contenido práctico, sancionatorio u operativo concreto [2]. Esto no solo desincentiva el cumplimiento, sino que propicia un escenario de impunidad donde el Estado es incapaz de fiscalizar desarrollos que ya se encuentren activos en el sector privado y público.
Créditos: Imagen generada por el autor utilizando IA
Bajo esta misma línea tenemos el proyecto Expediente N.° 23.771, el cual se presentó con la particularidad de haber sido redactado con la asistencia de ChatGPT-4[3]. Si bien abrió el debate sobre la necesidad de regular la tecnología, el resultado práctico tiene grandes imprecisiones técnicas en sus definiciones fundamentales, lo cual genera un vacío legal.
Pero la solución no debe ser la inacción ni tampoco la sobrerregulación punitiva. Es aquí donde el proyecto de ley Expediente N.° 23.919 ("Ley para la Promoción Responsable de la Inteligencia Artificial") realiza un aporte que podría ser valioso, al introducir la idea de Entornos de Prueba Regulatorios (EPR-IA o sandboxes) y los Prototipos de Regulación[4], que consisten en espacios supervisados y limitados donde las empresas, MiPyMEs y centros de investigación pueden desarrollar y probar sistemas de IA bajo condiciones controladas y con flexibilidades regulatorias temporales, lo cual, en la sana teoría, permitiría:
- Evaluar los impactos técnicos, sociales y éticos en entornos reales antes de dictar normas definitivas.
- Reducir la incertidumbre jurídica de los innovadores locales.
- Generar evidencia científica y técnica que alimente de forma orgánica la capacidad reguladora del Estado.
La soberanía tecnológica de Costa Rica en la era de los algoritmos requiere de un soporte público robusto y un ecosistema abierto. No podemos depender de que la ética tecnológica sea dictada en Silicon Valley o Bruselas, ni podemos confiar el interés nacional a la autorregulación corporativa o a una burocracia estatal desfinanciada. El Expediente 23.919 señala herramientas en esta línea [4]:
- El Fondo de Recapacitación Laboral para el Futuro del Trabajo: propone que instituciones como el MEP, el MTSS, el INA, el MICITT y PROCOMER a destinen un porcentaje de sus remanentes presupuestarios para capacitar y proteger a la fuerza laboral ante el riesgo real de la automatización que amenaza a miles de empleos de servicios en el país.
- La exclusión de las universidades públicas del régimen sancionatorio: se exonera razonablemente de sanciones administrativas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación académica de las universidades estatales, siempre que no impliquen comercialización directa ni dañen a terceros. Esto blindaría a la libertad de cátedra permitiendo que la academia pública funcione como el verdadero laboratorio de experimentación científica del país.
No es posible navegar la revolución tecnológica que implica la inteligencia artificial con leyes y discursos vacíos de contenido presupuestario. Si la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ha de ser algo más que una pieza de propaganda institucional, el Estado deberá asumir la responsabilidad de financiar su implementación, y optar por un marco legislativo ágil. Solo contando con un financiamiento estable para la innovación, la protección de los trabajadores y el blindaje de la investigación pública podremos lograr que la IA en Costa Rica sirva para promover el bienestar humano y mitigar las desigualdades, en lugar de profundizar nuestra histórica dependencia del exterior.
[1] Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027
Teléfono: +506 2527-2000 
