Elaborado por: Dra. Marcela Pérez Rodríguez

Investigadora-CICDE

Con respecto a políticas y programas orientadas a las personas adultas mayores, Costa Rica, avanzó de forma muy significativa; con la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; adoptada el 15 de junio del 2015, en Washington D.C. De esta forma, el país adquirió un gran compromiso y, asumió un cambio sustancial en el enfoque de las políticas, orientadas a las personas mayores de 65 años. Por ejemplo, el artículo 12 de esta convención se indica:

La persona mayor tiene el derecho a un sistema integral de cuidados que provea la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda, promoviendo que la persona mayor, pueda decidir, permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. 

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidados de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la participación de la persona mayor, respetándose su opinión.

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema de cuidados que tenga especialmente cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.

Este mandato y compromiso replantea que, las políticas y programas de cuidados, dirigidas a las personas mayores, se deben de visualizar desde una perspectiva más integral, sistémica y, con una visión de género. Es decir, se procurará abolir la discriminación y exclusión social, de las personas mayores de 65 años, en las distintas realidades. Por ejemplo, la exclusión en el mercado laboral, la distribución desigual de las tareas, en las unidades domésticas/hogar, la accesibilidad y calidad de los servicios de salud, la autonomía, entre otros aspectos.

En el año 2012, se implementó el Programa de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayor y, en el 2021, se aprobó la Política Nacional de Cuidados 2021-2031: Hacia la implementación progresiva de una Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia. Lo cierto es que, estas políticas y programas, deben están articuladas con políticas relacionadas con la seguridad social. Si la persona mayor de 65 años y más, no puede tener acceso al sistema de seguridad social, es una persona que cuando tenga edades avanzadas se podría encontrar en situaciones alto riesgo y en pobreza extrema. 

Garantizar, defender y vigilar ese derecho, es también una práctica de cuido, al igual que escuchar sus voces y, promover la participación política de estos grupos etarios, para la definición y articulación a los sistemas de cuidados.

En esta coyuntura, tan compleja, podemos hacernos las siguientes preguntas:

¿Cuántas mujeres mayores de 65 años asumen sin remuneración el cuidado de sus nietas o nietos o personas dependientes?

¿Cuántos de este grupo etario tienen una pensión?

¿Cuántas mujeres y hombres no tienen pensión?

¿Cuántas personas mayores a 65 años no tienen acceso al sistema de seguridad social?

¿Cuántas personas mayores de 65 años vive en sus hogares, centros de larga estancia o están en condición de calle?

La respuesta a estas preguntas nos permite, visualizar múltiples escenarios que, se tejen en la trama y, la urdimbre de las realidades de las vejeces. Una persona mayor de 65 años merece una vida digna y la dignidad solo la podemos lograr, si enlazamos la seguridad social, las pensiones y los cuidados.

En el año 2050, uno de cada cinco costarricenses será mayor de 65 años y, el gran reto, el desafió, es imaginar a estas personas, en sus edades avanzadas, con acceso a los servicios de salud con calidad, gozando de una pensión, con seguridad alimentaria, recreación, ocupación y vivienda.

Fotografía: Marcela Pérez. Aguas Zarcas San Carlos