M.Sc. Juan Antonio Gutiérrez Slon

Con alto desgano, en días recientes del mes de julio 2023, se dio a conocer que el único sospecho del asesinato del líder indígena bröran Jhery Rivera Rivera, ha quedado temporalmente en libertad. Esto luego de que un tribunal de apelación, anulara el juicio en el que se condenó a 22 años de cárcel a un sujeto de apellido Varela y quien, en voz propia, ha confesado este crimen. Luego de aceptada la apelación sobre una parte de la redacción de la sentencia, el autor que ha confesado televisivamente este hecho, sigue en libertad, haciendo aún más tardía la justicia para los pueblos y territorios indígenas.

Este hecho se suma a los más de 500 hechos de violencia que diferentes instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la oficina residente de la ONU en nuestro país, organizaciones no gubernamentales, universidades públicas como la UNED, UCR y UNA, así como distintos medios de prensa, han denunciado desde el 2010 cuando los hechos de violencia física, patrimonial y territorial se han agudizado contra personas indígenas. Es cumulo de hechos implica agresión con arma blanca y armas de fuego, quema de casas y cultivos, persecución de mujeres y amenazas de muerte que han llevado a un clima generalizado de impunidad y letargo en la justicia para con los pueblos indígenas.

La libertad actual de Varela, quien estaría esperando un nuevo juicio, se encuentra al lado del impune asesinato a sueldo del líder bribri Sergio Rojas Ortiz quien, en marzo del 2019, recibiera cerca de 15 disparos en su casa de habitación. Acto criminal que se suma al fallecimiento que en 2021 sufriera un Mayor bribri de Cabagra, quien producto de una golpiza sufrida años atrás por defender la tierra, acarreó secuelas que le mermaron su movilidad y le desmejoró su salud hasta el punto de fallecer.

Hechos todos, lamentables y caracterizados por haber sido poco atendidos por los Poderes de la República. Mismos que siguen en estado de letargo y mostrando reiteradas carencias para responder a la violencia que sufren las y los indígenas que defienden sus territorios. Hombres y mujeres que haciendo valer sus derechos a las tierras –así consignados por el derecho nacional e internacional– también se les debe incluir el sufrimiento mortal que la exfuncionaria de la UNED y lideresa bribri, Mariana Delgado Morales Tubölwak, tuviera por 10 años; luego de que su familia y ella misma sufrieran diversos hechos de violencia en sus cuerpos y viviendas.

Mariana Delgado sufrió en carne propia la violencia que en reiteradas ocasiones cientos de personas indígenas han venido sufriendo de la mano de perpetuadores de violencia que respaldan los intereses de finqueros no indígenas que invaden sus territorios. Ella soportó, y le enfermó, el sufrimiento que trajo el hecho que uno de sus hijos haya sido en dos ocasiones baleado por un grupo de hermanos invasores del territorio de Salitre. Dos intentos de homicidio acaecidos a plena luz de día, con suficientes testigos que identifican a los sospechosos, y quienes no niegan el haber disparado de dos ocasiones contra Minor Ortiz Delgado del clan Tubölwak. Sujetos de apellidos Figueroa Díaz y Figueroa Uva que, habiendo perpetuado dos intentos de homicidio, siguen en libertad y con poco avance en las causas penales que se siguen en su contra.

Son estos ejemplos de una injusticia histórica. De una discriminación étnica-racial protagonizada por el Estado moderno, y ejemplos todos, de algunos de los múltiples hechos de violencia que continúan dándose contra las personas indígenas que resisten protegiendo la tierra, en medio de un clima de impunidad y aturdimiento de las autoridades correspondientes y evidenciando que la justicia para los pueblos y territorios indígenas de Costa Rica, aún no ha sido ni pronta ni cumplida.