Dra.Marcela Pérez Rodríguez

El 26 de junio del 2023, por medio de los periódicos y medios digitales nos enteramos de una lamentable noticia:

Este hecho es lamentable, y por desgracia, es un acto violento, es una de las tantas situaciones de alto riesgo y abuso que viven las personas adultas mayores de nuestro país.

Este tema es complejo, porque no solo se trata crear políticas, normas o procedimientos, sino también, es un tema organización social y corresponsabilidad de todas las personas que habitan en un territorio.

No sólo es un tema de exoneración del pago del bus o descuentos en una determinada ruta, sino es un tema que se refiere al cumplimiento y aplicabilidad de los principios de los derechos humanos en nuestras comunidades o localidades.

Cuando trabajamos con personas adultas mayores es recurrente este tipo de comentarios: “el chofer del bus no paró”; “Las gradas son muy altas y el chofer no me trató bien y se dejó la cédula”; “tengo 86 años y el chofer me pregunta si soy vieja”; “me cobraron el pase”; “el muchacho estaba sentado y yo de pie”; “el Chofer me gritó”

La persona adulta mayor tiene el derecho a la autonomía, libertad e individualidad para trasladarse de un lugar otro. Por ejemplo, para trasladarse a estudiar o capacitarse, recrearse, trabajar, asistir a una cita médica, visitar un amigo o pariente.

La Organización Mundial para Salud (OMS) creó en el año 2010 la RED Mundial para Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. El fin de esta RED es el de promover acciones específicas en el ámbito local para fomentar la plena participación de las personas mayores en la vida comunitaria y promover un envejecimiento saludable y activo. Este proyecto se esta promoviendo en Costa Rica. Y algunas Municipalidades como San Carlos, Cartago, San José entre otras son parte de esta red y asumieron el compromiso. Compromiso, que no puede quedarse en el papel, por lo contrario, debe generarse proyectos sociales dirigido a esta población con responsabilidad, escuchando las voces de esta población e involucrándola en la definición de políticas y programas locales.

En el caso particular del transporte público y privado, las municipalidades a través de la Oficina o Programa de la Persona Adulta Mayor, deben de trabajar de forma efectiva y transparente con las distintas instituciones públicas y con las organizaciones no gubernamentales que apoyan a la persona adulta mayor para garantizar el cumplimiento de las siguientes normas: Ley 7935 Integral para la Persona Mayor , Ley 7936 Transporte remunerado sobre Pasajes Gratuitos Niños y Adulto Mayor, Ley 7593 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 9078 de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial y los Convenios Internacionales de derechos humanos.

Las municipales con la participación de la comunidades deben construir aceras y paradas de taxis y buses seguras y con accesibilidad para esta población, financiar programas educativos sobre esta temática a choferes y dueños de las empresas locales, trabajar de forma coordinada y efectiva con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras instancias para vigilar y darle seguimiento a las denuncias, crear programas educativos o en la formulación de proyectos socioculturales con personas adolescentes o jóvenes que apoyen la movilidad de la persona mayor.