M.Sc. Julio Solís Moreira

En años recientes, Costa Rica ha enfrentado reducciones considerables en los presupuestos asignados a educación, protección infantil y otros sectores sociales cruciales, reflejando una tendencia que podría alterar significativamente la cohesión social del país. Estos recortes no solo limitan el acceso a servicios esenciales, sino que también ponen en riesgo la estabilidad y el progreso social. A medida que el financiamiento para programas clave disminuye, se eleva el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes y de debilitar las redes de soporte que fundamentan el bienestar comunitario y el desarrollo integral de la juventud costarricense.

Como señala el Semanario Universidad (2023) el presupuesto para la educación en 2023 ha sido el más bajo en los últimos nueve años, afectando principalmente al Ministerio de Educación Pública (MEP), que concentra alrededor del 70% de la asignación total para educación. La reducción en las asignaciones presupuestarias ha impactado en áreas sustantivas y operativas como el desarrollo profesional docente y la infraestructura educativa.

De acuerdo con los datos presentados por La Nación (2024) lo antes expuesto refleja una tendencia y una disminución en la prioridad o inversión relativa en educación dentro del presupuesto nacional. Además, la proporción del presupuesto del MEP respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica ha mostrado una tendencia decreciente. En 2019, esta proporción era del 7.0%, pero se prevé que para el 2025 descienda hasta el 4.8%. Este cambio refleja una reducción en la importancia relativa del gasto en educación en comparación con otras áreas del gasto público, pese al crecimiento económico del país. Es notable que, entre 2019 y 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica creció aproximadamente un 37.83%. Esta información evidencia los desafíos y prioridades cambiantes en la asignación de recursos a la educación pública en Costa Rica.

De la misma forma el Semanario Universidad (2024) indica como los recortes también han afectado la inversión social, la cual disminuyó de 11,6% del PIB a 9,9% entre 2021 y 2023. Esta reducción ha limitado severamente los programas de protección social, exacerbando la desigualdad y marginación de los más vulnerables. La pobreza extrema en Costa Rica aumentó del 6% al 8% en el último semestre de 2022, y más de 190,000 personas salieron de la fuerza laboral durante este período. Las repercusiones de estos recortes en la asistencia social son particularmente severas para las familias en pobreza, afectando negativamente el bienestar y progreso de los niños, las niñas y las personas jóvenes​.

Según la Defensoría de los habitantes (2024), el programa Avancemos experimentó un recorte de 12 mil millones de colones, afectando a aproximadamente 15,000 beneficiarios que dejaron de recibir transferencias monetarias esenciales para su educación. Además, los recortes han resultado en una menor disponibilidad de recursos para hogares de acogimiento, reduciendo los subsidios y limitando los cupos para nuevos ingresos, lo que podría llevar a un aumento de la institucionalización de menores en situación de vulnerabilidad​.

Otro aspecto que afecta directamente a la población costarricense son los recortes al presupuesto destinado al sector vivienda con un impacto directo en la disminución de los bonos de vivienda. Por ejemplo, en 2022, el número de bonos familiares de vivienda entregados fue el más bajo en los últimos 25 años, con una reducción del 27% respecto al año anterior (Semanario Universidad, 2023). Esta situación afecta especialmente a madres jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes han visto una disminución significativa en la cantidad de bonos recibidos en comparación con años anteriores​. Los bonos de vivienda son cruciales porque facilitan el acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual tiene implicaciones directas en la salud, la seguridad y el bienestar general de la población.

Los efectos combinados de estos recortes presupuestarios pueden minar la cohesión social en Costa Rica, aumentando la desigualdad y debilitando las estructuras de apoyo común que permiten a las comunidades vulnerables mejorar su calidad de vida y acceder a oportunidades de desarrollo. El debilitamiento del sistema educativo y la reducción en los programas de inversión social podrían generar un conjunto de problemas difíciles de revertir a corto plazo como el aumento generalizado de la violencia, la segregación y la fragmentación espacial. En cuanto a la convivencia, los problemas en el acceso a viviendas adecuadas y asequibles, exacerbados por los recortes en los bonos de vivienda, pueden llevar a un aumento de asentamientos informales y precarios. Estas zonas, muchas veces caracterizadas por la falta de infraestructuras y servicios básicos, son terreno para conflictos y deterioro del tejido social, afectando negativamente la convivencia pacífica.

Fuentes:

  • Semanario Universidad. (2024, junio 5). MEP sufrirá recorte de ₡65.000 millones el próximo año.
  • Semanario Universidad. (2024, marzo 13). Profundo recorte a inversión social maquilló mejora en cifras fiscales.
  • Semanario Universidad. (2023, junio 28). Recortes en Educación golpearon fuertemente la inversión en infraestructura y becas.
  • Semanario Universidad. (2023, diciembre 16). Presupuesto de Educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años, señala CGR.
  • UNA. (2023, junio). Recorte en presupuestos vulneraría derechos de personas menores de edad.
  • Semanario Universidad. (2023, agosto 30). Cuando la promesa de dar 47,559 bonos de vivienda se opaca por reducción del 27% en 2022.
  • Defensoría de los Habitantes. (2024, febrero 19.). Recortes presupuestarios en sector social afectan a la niñez.
  • Observador. (2023). Presupuesto para educación en 2023 fue el más bajo en nueve años, informe advierte de acuerdos incumplidos.
  • Observador CR. (2023). Drástica reducción de bonos de vivienda en Costa Rica impactará en la salud y la seguridad de la población, advierten investigadores.