Xinia Zúñiga Muñoz,
investigadora jubila del CICDE
Para el año 2010 cuando se crea el CICDE, muchos eventos, demandas y cuestionamientos hacia el Estado y sus instituciones, incluyendo a las universidades, eran parte de la agenda de los pueblos indígenas costarricenses, vinculados ya, para ese entonces, mediante algunos de sus dirigentes y luchas, con los procesos insurgentes que se venían intensificando desde mediados de los 80 y con mayor fuerza en la década de los 90 en varios países de América Latina, junto con el avance en el marco de los derechos indígenas, especialmente el Convenio 169 de OIT.
En el norte, protestas, plantones, marchas desde Chiapas hasta ciudad de México y el movimiento Zapatista (1994 -2001) y los Acuerdos de Paz en Guatemala, que incluyeron especificidades de los Pueblos Indígenas. En el sur, especialmente en los países andinos, múltiples movilizaciones y acciones colectivas exigiendo sus territorios, en defensa de los recursos naturales ( gas, agua, petróleo) y en demanda del cumplimiento de sus derechos como pueblos y nacionalidades, evidenciaron el paso de la resistencia a la (re)existencia de estos pueblos, cuyos planteamientos contra la persistencia colonial habían conducido a la cruzada continental contra los 500 años del (en)/(des)cubrimiento de América(1992) y al surgimiento de las tesis indianistas y descolonizadoras que colocaron las luchas de los pueblos indígenas en el contexto de la modernidad y el capitalismo.
Esta emergencia política había impulsado también, cambios constitucionales y legislativos en varios países como Colombia(1991), Ecuador(2008) y Bolivia (2009), la creación del Partido Pachakuti en Ecuador (1995), el fortalecimiento de las organizaciones indígenas locales, nacionales y regionales (CRIC,ONIC,CONAIE), quienes arremetieron contra las políticas indigenistas e integracionistas impulsadas por los Estados nacionales desde 1940, así como también, frente al avance de los proyectos extractivistas y neoliberales en la Región, solo para citar unos pocos ejemplos.
En Costa Rica algunos ecos para ese mismo período fueron, la lucha contra el PHBoruca, la exploración petrolera en Talamanca, el Código de Minería y la tala ilegal de árboles en Térraba en los 80; la lucha por la cedulación Ngäbe en 1990, el aumento en las denuncias por la usurpación de las tierras indígenas y las movilizaciones contra los 500 años (1992), las acciones colectivas por el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas desde 1994 y la lucha contra el proyecto hidroeléctrico PHDIQUIS, desde el 2008, culminando con la llamada “arrastrada” (2010) que es el punto de inflexión para las recuperaciones territoriales por la vía de hecho en Buenos Aires de Puntarenas.
En el 2005 la UNED había decidido establecer una vinculación con comunidades indígenas para atender solicitudes educativas específicas que habían llegado a la Rectoría, en ese momento en manos de don Rodrigo Arias Camacho, como parte del posicionamiento del Centro Universitario de Talamanca y la voluntad institucional, favorecidas por la declaración del II Congreso Universitario (2000) de los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural, además del Género y el Medio Ambiente, como ejes transversales del Proyecto Educativo de la UNED, que se verían incluidos a partir de ese momento en los Lineamientos de Política Institucional.
También la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades participaba desde el 2007 - 2010 de la Universidad Indígena Intercultural(UII), proyecto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, con sede en Bolivia, que impulsaba mediante la red de universidades llamadas “convencionales” comprometidas con los derechos humanos y la red de instituciones indígenas de educación superior, la implementación de una oferta académica propia, sustentada en el marco de derechos indígenas, especialmente el Convenio 169 de OIT (1989) y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU(2007) entre otros acuerdos internacionales, con una visión intercultural de los contenidos, las metodologías, los equipos docentes y todos los mecanismos y estructuras de funcionamiento, apoyada en el uso de la Internet y las tecnologías de la información y la comunicación.
En este marco, la UNED había sido casa de varias promociones del curso de “Políticas públicas desde la gobernabilidad indígena en Centroamérica”, cuya perspectiva comunitaria sustentaba la base para el análisis de los problemas, procesos y demandas de estos pueblos.
Este programa de extensión de la ECSH, aunque puntual, tuvo tres promociones y provocó afluencia a la UNED de un importante grupo de jóvenes - mujeres y hombres - de diferentes países y pueblos indígenas, con la participación de líderes comunitarios, políticos y espirituales, tanto en calidad de estudiantes como de profesores y la realización de ceremonias indígenas durante sus aperturas en el Paraninfo Daniel Oduber, a las que asistieron nuestras autoridades, incluyendo al señor rector.
Esta experiencia, de la cual existen varias publicaciones, colocó a la UNED en el mapa latinoamericano de universidades sensibles a la diferencia étnico – cultural y a las diversidades socioculturales de la Región, con una propuesta educativa intercultural concreta, no solo interesante, sino también en clave decolonial.
El III Congreso Universitario en el 2006 crea la Vicerrectoría de Investigación y luego su primera jerarca, Katya Calderón, impulsó la creación del primer centro de investigación de la naciente Vicerrectoría, conjuntando tres líneas de trabajo recién iniciadas, que dieron origen a los tres primeros programas del CICDE. El Programa Cultura local comunitaria y sociedad global (PROCULTURA) albergó los proyectos de investigación relacionados con Pueblos y Territorios indígenas y con Estudios Urbanos.
Para ese momento, considerar la investigación social con poblaciones indígenas no era extraño, por el contrario, otras universidades públicas tenían una larga trayectoria en ese campo, en áreas como Antropología, Derecho, Historia y Lingüística. Sin embargo, lo novedoso del CICDE fue establecer un compromiso con la generación de conocimiento que contemplara los intereses, las perspectivas, las sabidurías y las experiencias de los propios pueblos y que claramente fuera útil al avance y práctica de sus derechos y propuestas específicas, contribuyendo al desarrollo de una identidad nacional inclusiva de las diversidades étnicas, llamando la atención sobre la realidad de estos pueblos.
Con tal propósito se definieron dos principios de actuación:
El primero consistió en dar centralidad a las luchas, el pensamiento, los derechos de los pueblos indígenas como contenido de investigación. Es decir, relacionarse con los Pueblos Indígenas en tanto sujetos sociales y políticos, considerando su condición de pueblos y personas con quienes la agenda de investigación tendría que ser negociada, sustentada en acuerdos, así como en relaciones de colaboración, diálogo, respeto a la diferencia y reconocimiento mutuo.
En otras palabras, se trató de un nuevo protocolo de vinculación Universidad – Pueblos Indígenas que exigía abandonar las posturas de extractivismo académico de la tradición positivista e integracionista en la investigación social, descentrando los enfoques, métodos y metodologías acostumbradas al tratamiento de la “cuestión indígena” y “el problema indígena” propias de una mirada indigenista - culturalista, e incursionar en la memoria, en la construcción colectiva, en el interaprendizaje, en la ecología de saberes y en la producción de pensamiento a partir de lo cotidiano, de las subjetividades y de las experiencias encarnadas en los cuerpos de quienes experimentan las injusticias en el día a día, acercando la documentación de los hechos y las experiencias de los propios pueblos, el estudio de las diversas fuentes, el uso de otros registros y la evidencia, a la denuncia, al debate público, a la crítica estructural y sobre todo, a la discusión comunitaria.
El segundo principio fue el de conformar equipos transdisciplinarios e interculturales de investigación dentro de los cuales participen activa y permanentemente como titulares, líderes comunitarios, protagonistas de los eventos sociohistóricos, culturales y políticos que serían investigados. Este representó un gran desafío y es, quizás, uno de los mayores e innovadores aportes del CICDE a la investigación social en nuestro país, pues implicó modificar o ajustar el canon centrado en el perfil académico del investigador o investigadora, abriendo la posibilidad a nombramientos de personas indígenas con un perfil divergente, en calidad de investigadores comunitarios.
Para llevar con éxito este posicionamiento desde otro lugar epistémico, no bastaba ya la teoría crítica aplicada a los análisis de la realidad indígena, o los postulados participativos tradicionales, sino que tendríamos que “caminar la palabra”, “corazonar” las Ciencias Sociales y “descolonizar” la investigación social con sello CICDE. Es decir, cuestionar en la práctica, la “objetividad”, la “verdad científica” positivista y moderna/colonial, que excluye y desconoce los conocimientos, las formas de conocer y la ciencia indígena e impide a los pueblos indígenas beneficiarse de los recursos públicos y de los aportes de las universidades en función de su propio proyecto de vida como pueblos culturalmente diferenciados.
Nos propusimos entonces desde el inicio, abrir canales académicos a las voces desde los pueblos, a los sentires desde los territorios, a las visiones desde otras espiritualidades, a los ritmos y tiempos desde otros climas y otras agendas, a los entendimientos desde otros imaginarios. Esto es, hacer equipo desde otras valoraciones, prioridades y formas de trabajo. Ese fue nuestro desafío y sigue siendo un horizonte para desestructurar el racismo institucionalizado y “hacer de otra manera en la academia” cuando se trata de pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones culturalmente diversas.
El trabajo en esta perspectiva no es fácil ni difícil, es un proceso de descubrimiento y construcción, de disfrute académico, que requiere actitudes y habilidades para el diálogo, la flexibilidad, la intuición y sobre todo el pensamiento crítico.
Como CICDE hemos hecho historia del tiempo presente, hemos sido testigos de procesos comunitarios que representan puntos de inflexión en la vida de los pueblos indígenas y hemos visto lo no visto comúnmente en la academia, el racismo naturalizado, el dolor de la violencia y de la impunidad, el renacer de la esperanza en las recuperaciones y en la reafirmación territorial, como parte de la mirada investigativa.
Quienes participamos en la creación del CICDE abrazamos la utopía como horizonte de futuro y suscribimos el compromiso con los pueblos y con los procesos sociales que creen en la esperanza de que “Otro mundo es posible” (FSM 2001), “Un mundo donde quepan muchos mundos” (EZLN 1996), un mundo donde el “Buen Vivir” ofrezca nuevas oportunidades a la existencia humana. Esto a pesar de que la geopolítica mundial del sistema sostiene la colonialidad moderna e impone una y otra vez la dominación y la subordinación mediante la fuerza, la violencia y la coerción como ley de vida y ley de muerte, como lo observamos en la experiencia histórica de los pueblos indígenas y lo vemos reproducirse una y otra vez con distintas dimensiones y alcances en el mapa mundial.
Contribuir a enfrentar la muerte y a tejer la vida de los pueblos mediante la generación de conocimiento situado, útil, accesible, diverso, culturalmente pertinente, oportuno y vigorosamente sustentado, tanto en datos como en vivencias, con visiones del mundo expresamente declaradas y participación plena y directa de los propios pueblos, en donde prive el interés social y la socialización del conocimiento, sobre el formato exclusivamente académico de las publicaciones y los informes, seguirá siendo un desafío para el CICDE y para la Universidad.