Dra. Marcela Pérez Rodríguez, investigadora CICDE

Después del 1 de febrero del 2026, de manera pausada y cuidadosa analizo los resultados de las elecciones, sus tensiones e intento imaginar posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo. Escenarios complejos y con realidades que podrían afectar de manera directa a las personas mayores de 65 años y sus cuidadores, en particular, a las mujeres. Aquellas mujeres que no pueden trabajar por su labor de cuido. Mujeres mayores que cuidan a personas adultas de edades avanzadas sin salario fijo, mujeres que habitan en la ciudad, en las zonas costeras, urbanas o rurales. Mujeres que trabajarán en tareas de cuido hasta que su cuerpo no dé más. Una señora mayor de 96 años expresó: “Hay que ser valiente para llegar a esta edad”. Son palabras sentidas, enérgicas, vividas. Son batallas individuales, silenciosas y transcendentes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el año 2025 proyecta que para el año 2050 el 24.9% de la población costarricense será adulta mayor. Por otra el Informe del Estado de la Nación señala que, en menos de 25 años, el número de personas mayores de 80 años se multiplicará por cuatro y en la actualidad y el Estado invierte cerca del 0.1 del PIB en servicios de cuidado y apoyo a esta población. Un dato lamentable, en particular si lo comparamos con los estándares promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que es de un 3%.  Esto quiere decir, que tanto las organizaciones gubernamentales como no gubernamentales orientadas a apoyar esta población tienen grandes retos y desafíos para mejorar la situación económica, social y cultural de esta población. Pero también, tienen un gran reto en el espacio político: fortalecer el sistema de cuidados en las distintas regiones y localidades del país. Para esto, requiere de programas y proyectos sostenibles a través del tiempo, con disponibilidad presupuestaria y, lo más importante recurso humanos especializados y calificados en los territorios. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social debe tener geriatras, enfermeras y asistentes especializadas en los Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS) y tener un equipo de atención domiciliar multidisciplinario y con atención permanente y efectiva. Otro ejemplo, es el temade movilidad para esta población específica. Se requiere que el Estado promueva el transporte gratuito (adaptado a esta población) a nivel local para que ésta pueda asistir a los Centros de Salud, Centros Diurnos o Grupos organizados formales o no formales que apoyan a las personas mayores. Este transporte, podría financiarse por medio de la Junta de Protección Social y las Municipalidades. Son dos ejemplos, que requieren inversión, voluntad política y una postura solidaria, humanitaria.

Costa Rica es uno de los países de América Latina que tiene instrumentos jurídicos que protegen a las personas Mayores. Desde la Constitución Política (1949), hasta leyes específicas como la Ley número 7935, Ley Integral para la Persona Mayor aprobada el 25 de octubre del 1999 y con varias reformas o ajustes. la Ley 9857, Ley que Penaliza el abandono de las Personas Adultas Mayores, aprobada el 15 de junio del 2020. Así como Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016, en el que se ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, primer instrumento jurídico, vinculante para el Estado a nivel internacional. Ley que debemos cumplir.

Tenemos los instrumentos de protección. ¡Debemos fortalecer los sistemas de cuidados de este país! ¡Debemos con sentido de urgencia invertir en lo social!

Referencias Bibliográficas

Consejo Nacional de Rectore. https://estadonacion.or.cr/?informes=estado-de-la-nacion-2025. 2025. (último acceso: diciembre de 2025).

Instituto Nacional de Estadística y Censos . https://inec.cr/.(último acceso: enero de 2025.