Elaborado por:
Marcela Pérez Rodríguez

Investigadora-CICDE

Nos encontramos con personas adultas mayores, pensionadas y jubiladas, que tienen realidades y situaciones diferentes, pero que comparten, en muchas ocasiones, un escenario en común: el ingreso por pensión no alcanza y tienen que trabajar, a pesar de la edad y su precaria situación de salud.

En el imaginario social existe la creencia de que, las personas pensionadas no trabajan y tiene la disponibilidad y el tiempo para realizar actividades de ocio o recreativas. Para muchas personas, la jubilación como derecho representa un “problema económico y social”, ya que significa ese cambio de la persona activa-productiva-trabajadora, a la persona en jubilación-jubileo-recreación. En ese proceso de transición, se visualiza a la persona pensionada, como una persona que se ocupa, solamente, en aquellos proyectos de vida personales, que no pudo realizar durante su vida laboral y que, le generan satisfacción. Cuando se menciona pensión como un derecho de protección económica, también se relaciona con el término jubilación como las posibilidades que tiene las personas para realizar sus proyectos de vida personal sin que exista una relación entre “patrono(a)-trabajador(a)”.

Lo cierto es que, las personas pensionadas y jubiladas trabajan y aportan a la economía y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Los trabajos los realizan con remuneración o sin remuneración, inclusive, con gran frecuencia, en tareas relacionadas con los cuidados. ¿Cuántas abuelas y abuelos asumen la responsabilidad de cuidar a sus nietos? ¿Cuántos hogares de nuestro país, se sostienen con el ingreso por pensión de una persona adulta mayor? ¿Cuántas mujeres pensionadas trabajan como voluntarias en los hospitales u hogares de larga estancia?

Cuando caminamos por la calle o visitamos algún establecimiento comercial nos encontramos personas adultas mayores (hombres y mujeres) trabajando de manera informal ya sea vendiendo verduras, cuidando carros, vendiendo flores o comida. Cuando nos acercamos a esas personas y conversamos, en algunas ocasiones nos dicen que la “pensión no alcanza para vivir”. Esta escena es muy común en nuestro país. También, nos encontramos con personas que no tienen pensión y su situación es mucho más crítica.

Las políticas públicas con un enfoque interseccional deben de garantizar la alimentación, salud, vivienda o habitación, vestimenta, cuidados integrales de este grupo etario. La protección económica no es solo un recurso o ingreso fijo que tiene una persona para sobrevivir, sino que va más allá, y es precisamente, a través de las estrategias y acciones estatales que deben de garantizar que las personas adultas mayores tenga una calidad de vida digna, sin que se les violenten los derechos culturales o sociales, a través del tiempo. De ahí la importancia del Estado, ya que es la instancia que podría facilitar el proceso de construcción de leyes y políticas, orientadas a mejorar sus condiciones de vida, mediante el diálogo permanente con los distintos movimientos socioculturales y, grupos locales de personas pensionadas adultas mayores. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene una sección de apoyo a las personas adultas mayores, de conformidad con lo que indica la Ley N°7935, en la que lo obliga a crear programas orientados al emprendedurismo y empleabilidad, en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Social, donde se desarrollan actividades socioeducativas, en coordinaciones con organizaciones locales y las municipales. La pregunta que se genera es si estas acciones están cubriendo en su totalidad esta población, no solo referente al tema de trabajo, sino a los cuidados, tanto de las personas adultas mayores activas, como las dependientes. Tenemos que considerar que la población de las personas adultas mayores está creciendo rápidamente, como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien expresa que, para el año 2050, 21 de cada 100 habitantes en Costa Rica tendrá 65 años y más, lo que significa que los problemas o situaciones relativos a las personas adultas mayores, cada vez, tendrán mayor importancia e implica una reorganización social, cultural y económica, donde las vejeces, que son diversas, deberán de contemplarse en la construcción de las políticas sociales.