Backtori Golen Zúñiga

María Alexandra Medina Hernández

Reivindicar el derecho de las mujeres a la tierra pasa por reconocer el territorio como un espacio vivo, en el cual se producen y reproducen relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

Las mujeres del campo deben enfrentarse a un contexto donde el modelo económico crea cada vez más condiciones apremiantes para las familias agricultoras, ya que promueve lógicas de producción agraria basadas en la explotación de los recursos y personas; además, deben hacer frente a las dinámicas patriarcales que se reproducen en las instituciones estatales y en sus propias comunidades y familias.

Aunado a esto, los estudios feministas, que se sustentan en visiones occidentalizadas promueven estrategias como el emprendedurismo como solución para asegurar la sobrevivencia de las mujeres que viven del trabajo de tierra, pero estas estrategias se basan en modelos de desarrollo capitalistas y colonialistas, no se guían por las cosmovisiones, las perspectivas de producción y de satisfacción de necesidades de las mujeres y sus familias, sino en lógicas agro productoras neoextractivistas que van marcando la pauta sobre los alimentos o derivados que resulten más rentables para ser exportados o encadenados con grandes compañías de alimentos.

Estas propuestas productivas demandan competitividad por lo que conllevan prácticas intensivas que generan agotamiento de los suelos y la introducción del uso de agroquímicos que degradan el paisaje natural, pues se filtran hacia los mantos acuíferos y reducen la flora y fauna nativas. Es necesario establecer que el derecho a la tierra implica el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la soberanía alimentaria y a mecanismos de comercialización que se sustenten en una economía solidaria.

Abrazar la autonomía de las mujeres del campo implica partir del reconocimiento de sus derechos humanos en lo político, económico, social, cultural, y ambiental: es el derecho a tomar decisiones sobre sí mismas, sobre su realidad, su territorio, su alimentación, sus ciclos de producción y reproducción de la vida.

La complejidad existente en la distribución del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres en el campo se escapa a las formas de pensamiento que fragmenta la realidad cotidiana entre público y privado para comprender espacios de trabajo pago y no pago, es por ello que las propuestas productivistas y microempresariales violentan sus modos de vida, su ambiente, su salud, sus cosmovisiones, cuando pasan a imponer ritmos, cultivos, químicos, lógicas de trabajo que trastocan la vida rural.

Históricamente, las instituciones de Costa Rica que por ley están encargadas de la política agraria y distribución de la tierra, han existido limitaciones estructurales para registrar según sexo la asignación de las titulaciones de los terrenos (familiares, en copropiedad e individuales), así como para dar un seguimiento a los movimientos que se hacen de las mismas, ya sea en el mercado (mediante la compra, la venta o la hipoteca) o a nivel familiar mediante la herencia. Actualmente, a parte del Censo Agropecuario de 2014, no hay otra base de datos que brinde información cuantitativa sólida en torno a la cuestión de las mujeres rurales.

Es indispensable comenzar a incorporar indicadores de genero con perspectiva feminista para construir, tanto las bases de datos de las instituciones que formulan y ejecutan políticas sociales del sector agrario, como los diversos instrumentos estadísticos para dar cuentas de la realidad agropecuaria. Este tipo de información puede brindar insumos sobre las mujeres rurales que visibilicen sus aportes al mundo agro productor, así como a la economía familiar y comunitaria, además, tienen el potencial para recuperar información para identificar las necesidades e intereses de las mismas.