M.Sc. Julio Solís Moreira
La Costa Rica del 2022 se vislumbra atravesada por múltiples incertidumbres. Hay una sensación de bloqueo institucional, en la cual cada parte de la organización social está urgida de respuestas adaptativas y nuevos cursos de acción. Las respuestas institucionales pasan por un contexto de recorte de los gastos operativos gubernamentales, problemas de inflación, tipo de cambio al alza, desempleo y subempleo, entre otros factores.
Ante tal escenario, las principales problemáticas las sufren los grupos en riesgo, entre ellos, los hogares en pobreza extrema [1], los hogares pobres [2], los hogares vulnerables [3] y los hogares en asentamientos informales y en situación de segregación socio-habitacional. Estos últimos son de sumo interés pues son el reflejo de una cultura de la desigualdad social.
En las últimas dos décadas, la pobreza en Costa Rica se ha mantenido cercana al 20%. La evidencia muestra cómo entre el 2015 y el 2016 salieron de la pobreza un 9,15% de los hogares; mientras otro 7,79% volvió a entrar, así la tendencia, cada dos años hay una tercera parte de los hogares costarricenses en situación de pobreza (Fernández y Del Valle, 2017). Otra evidencia contundente refleja que 1 de cada 3 niños y adolescentes (un 33,52%) vive en condición de pobreza en Costa Rica. Paralelamente, solo 1 de cada dos adultos jóvenes pudo conseguir empleo (al 2020 la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 47,4%).
Observado lo anterior, en el marco de la crisis surgida por los efectos de las medidas para controlar la pandemia por la Covid-19, se advierte cómo, durante el año 2020, la pobreza en Costa Rica llegó al 26,2%. Del año 2019 al 2020 los ingresos de los hogares disminuyeron en un 12,2%. Durante el 2021 las personas en situación de pobreza reflejaron las siguientes condiciones: a) un 78,5% tenían un empleo informal, b) el ingreso per capita de los hogares en pobreza fue el equivalente a 65.872,00 colones, c) un 26,0% de las personas no estaba asegurada y d) 30,2% de estos hogares no tenía servicio de internet.
Conforme se restringe el análisis a las escalas mínimas territoriales, del cantón al distrito y luego al barrio, las vulnerabilidades se tienden a concentrar, sea por mayor densidad poblacional, hacinamiento y acumulación de desventajas en los denominados asentamientos informales, lugares donde viven unas 228.036,00 personas, equivalentes a 75.328,00 hogares.
Muchos de esos asentamientos son urbanos, es decir, se encuentran en las ciudades donde está concentrada la mayor cantidad de población. Por ejemplo, en diez distritos de San José [4], los cuales tienen altas vulnerabilidades, se acumularon un total del 28,6% de casos positivos de COVID-19 entre la población de 0 a 19 años desde el inicio de la pandemia hasta el 5 de setiembre del 2020. En los asentamientos informales aumenta, de manera considerable, el porcentaje de viviendas en mal estado y en tugurio, hay mayor incidencia de homicidios, mayor rezago escolar, disminuyen los años de educación media, hay mayor porcentaje de viviendas con hacinamiento según dormitorios, entre otros indicadores.
Lo argumentado refleja una cultura de la desigualdad, en la cual se ha normalizado la fragmentación social en la que unos tienen muchos recursos y otros muy pocos (apenas para la supervivencia). Tal contexto tiene sus consecuencias sociales y reflejan una crisis sistémica a escala urbana en un escenario de denigración espacial y “guetificación” urbana, con impactos en el mediano plazo en ámbitos como la cohesión social, el acceso equitativo a los servicios públicos urbanos (mobiliario, áreas comunes y espacios públicos), así como un aumento de la conflictividad y la violencia urbana; también hay efectos en la participación ante un escenario de deprivación y desesperanza en zonas donde el Estado puede significarse como ausente.
Si se orienta la reflexión hacia la acción, se encuentran significativas dificultades para poner en práctica la política pública, las cuales obligan a un gobierno eficaz, a la focalización, la implementación de políticas públicas basadas en evidencia, el aumento del gasto operativo para el trabajo a escala territorial y barrial, así como el acompañamiento de las poblaciones mediante facilitadores locales para unirse a los habitantes en la construcción de proyectos comunes y facilitar el asociacionismo local.
[1] Hogares que no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria.
[2] Tiene al menos una carencia social (entre los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación).
[3] Aquellos hogares que superan la línea de la pobreza, pero están “cerca” del nivel de pobreza.
[4] Distritos: Pavas de San José, Uruca de San José, San Felipe de Alajuelita, San Sebastián de San José, Hospital de San José, San Francisco de Heredia, Hatillo de San José, Los Guido de Desamparados, Purral de Goicoechea, Concepción de Alajuelita.
Fuentes
Fernández, A., & Del Valle, R. (2017). Factores explicativos de la reducción de la pobreza por línea de ingreso y de la pobreza multidimensional en Costa Rica del año 2015 al 2016: un estudio de panel. San José: ESTADO DE LA NACIÓN.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
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