Andrej Badilla Solano
La lucha contra la corrupción es tanto política como científica y cultural, comienza en la pequeña escala, en las oficinas, departamentos, instituciones y municipalidades. Pero, para luchar contra la corrupción se requieren algunas condiciones y es sobre lo anterior que tratan los últimos dos informes de la OCDE, el primero, el Estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica (2020) y el segundo el Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos (2022). En ambos estudios se señala que la desprotección del denunciante constituye uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción. Como señala la OCDE (2020):
(…)la protección de quienes denuncian irregularidades es una herramienta esencial para resguardar el interés público y promover la rendición de cuentas y la integridad en las instituciones públicas y privadas. Los países de la OCDE están adoptando cada vez más la legislación de protección de los denunciantes. Costa Rica cuenta con una serie de mecanismos de protección para denunciantes, víctimas y testigos de actos de corrupción que se aplican a nivel penal y administrativo. Sin embargo, actualmente no existe una ley específica que brinde protección a los empleados del sector público contra acciones discriminatorias o disciplinarias una vez que hayan dado a conocer las irregularidades. La promulgación de una ley de protección de los denunciantes de irregularidades, o una disposición legal relacionada específicamente con la presentación de denuncias o la prevención de represalias contra los denunciantes de irregularidades sería un paso eficaz para promover la prevención de la corrupción. En el sector privado, la protección de los denunciantes puede ayudar a las empresas a prevenir y detectar sobornos. En el sector público, puede facilitar la detección del mal uso de los fondos públicos, el despilfarro y el fraude (OCDE, 2020, 61).
La corrupción, al igual que el mítico Jano, tiene dos caras, el corrompido y el corruptor, el que soborna y el que recibe las dádivas y tan deplorable es el funcionario público que recibe dádivas como el sector privado que recurre a este tipo de prácticas. No obstante, quisiera centrarme en las otras consecuencias de la desprotección del denunciante, desde la perspectiva administrativa y de la cultura organizacional, en los castigos sociales y en los mecanismos de exclusión que produce la desprotección de la denuncia en los funcionarios públicos. Estas se manifiestan en al menos los siguientes puntos: en primer lugar, aislamiento social, el denunciante es separado de su puesto o de las dinámicas sociales del cuerpo laboral y en los casos más graves recibe ataques físicos, amenazas, burlas, difamación o ataques a la dignidad del funcionario, lo cual impacta negativamente la salud de la persona. En segundo lugar, el denunciante es señalado de problemático. Lo que en el fondo es una estrategia que pretende trasladar la responsabilidad de lo denunciado al denunciante y una estrategia de debilitamiento de la dignidad del funcionario. En tercer lugar y relacionado con el aislamiento social, la persona denunciante no logra captar aliados dispuestos a fungir como testigos ante las irregularidades, por lo que todo el peso y el castigo social, por no decir económico y sobre la salud física, mental y emocional recae sobre el denunciante. Dado que el costo político y social de denunciar es mayor que luchar contra aquellas situaciones que merecen revisión, se contribuye así a crear un ambiente laboral tóxico, violento, corrupto, sin espíritu de autocrítica ni con capacidad de mejora. Lo anterior, parece relacionar la desprotección del denunciante con la cultura de la impunidad, creando así un círculo vicioso que se repite. En cuarta instancia, existe una clara incoherencia entre la teoría y la práctica contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es utilizada como un leitmotiv político, es decir, se plantea un clima político de lucha contra la corrupción, sin embargo, este es apersonal, se da en el mundo de las ideas, en los diagnósticos e informes de labores, en los discursos y manifiestos. Pero, en la pequeña escala, en la escala laboral, en las oficinas, instituciones y departamentos donde la lucha es personal, directamente contra el funcionario que incumple sus funciones o contra aquellas personas cuestionadas, el discurso y la praxis se vuelven incoherentes, principalmente por el costo social explicado anteriormente. La lucha contra la corrupción es tanto política como personal, pero requiere de las condiciones adecuadas para ello, como, por ejemplo: proteger al denunciante. En quinto lugar, dadas las condiciones anteriores, muchas de las personas denunciantes no continúan con los procesos de denuncia, por lo que la ausencia de investigaciones que permitan distinguir entre los hechos comprobables y las percepciones distorsionadas impiden implementar las correcciones necesarias y se crea un clima de impunidad que legitima a los victimarios en desméritos de las víctimas. Lo anterior, permite entonces que aquellos funcionarios cuestionados se empoderen ante el clima de impunidad de la institución, contribuyendo así a reproducir el ciclo de impunidad. Por último, no debe omitirse el papel que juega la cultura y las circunstancias en la lucha contra la corrupción. Por más que una persona en un puesto de autoridad o un funcionario raso quiera denunciar, si este no es acuerpado por el colectivo de funcionarios, su capacidad de acción disminuye o se anula, colaborando así a la permanencia del círculo vicioso de la impunidad y la corrupción. La impunidad genera más impunidad, el costo social de no denunciar sigue siendo mayor en términos del desmérito de la función pública y ni que decir de la salud física, mental y emocional de las personas denunciantes. Es necesario combatir la corrupción en todas sus escalas, rechazar la cultura de la impunidad y la desprotección del denunciante. Urge actuar contra la corrupción en todas sus escalas y evitar la procrastinación política. Dentro del imaginario público la corrupción siempre ocurre en otro lado, en otra institución y en un constante ejercicio de negación se debilita la evaluación y la autocrítica, se fomenta la impunidad y el ciclo se repite. ¿Cómo podemos mejorar la administración pública si no contamos con los mecanismos necesarios para corregir lo que deba corregirse? Aplicar la normativa no puede ni debe ser el resultado antojadizo y caprichoso de quienes tiene poder. Hay que ensuciarse las manos, dejar de pensar desde la egoísta y malsana comodidad individual, enfrentar los problemas de la cultura organizacional y la corrupción con valentía, madurez, inteligencia, con base en evidencia y siguiendo el debido proceso. Los problemas en las instituciones no son de unos pocos, son problemas colectivos, y sí, no todos los funcionarios públicos son corruptos, pero una minoría que se sale con la suya solo lo logra con la complicidad de la mayoría.
Bibliografía
OECD (2020), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/84cbb575-es.
OECD (2022), Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/548807dd-es.
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