Dra. Rosibel Víquez Abarca,

directora del CICDE

La Universidad Estatal a Distancia cumple 49 años. Creada en 1977, es hoy institución Benemérita de la Educación y la Cultura. A lo largo de esos 49 años ha tenido como su principal cometido la democratización de la educación superior que, dado su modelo a distancia, se traduce en una presencia nacionalmente distribuida. Esa presencia, que inició siendo fundamentalmente docente, hoy es de todas las áreas sustantivas, divulgando conocimiento con capacidad de incidir realidades e inspirar transformaciones.

Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) (en su XVI aniversario), celebro el gran marco institucional que significa la UNED y veo su cometido democratizador como un gran reto para el quehacer desde la investigación crítica desde las ciencias sociales.  

La historia señala que el siglo XX puso las bases de un quehacer humano que aspiraba a centrarse en la persona, mientras que el siglo XXI ha colocado, cada vez con más fuerza, una lógica de mercado —que se dice inevitable— y que transforma todo a nuestro alrededor en mercancía. Esta estrategia es global y absorbente.

Posiblemente la consecuencia más peligrosa de ese pensar está en dar por sentada la supremacía del mercado la cual desecha, excluye o depreda en la vía de saciar absurdos individualistas. Esa lógica es capaz de devastar ideales como la democratización de la educación superior. En palabras de don Franz Hinkelammert, un ideal que conlleva obligación y compromiso deberá defenderse para que no quede reducido a una emancipación abstracta, que no llegue a hacerse realidad.

Por eso, a las puertas de los 50 años de la UNED, desde las ciencias sociales celebramos con gran orgullo a nuestra universidad y sus ideales, materializados en cada sede, en cada comunidad, y nos sumamos sin reparo a todo aquello que convoca la responsabilidad de la práctica profesional crítica, de cara a trabajar también por un futuro de disidencias y de respetos, congruente con los ideales que le dieron origen.

En este aniversario es perentorio sumarse con responsabilidad que exige autocrítica y vigilancia, para continuar construyendo aquello por lo que nació la UNED. Nos une —como diría el profesor Hinkelammert— un trabajo universitario desde la esperanza, en favor de las emancipaciones, que en el siglo XXI vuelven a estar centradas en la lucha por la dignidad, donde la economía le sirva a la vida y no al estrago; donde la defensa del bien común sea sinónimo de resistencia.

Lic. Andrey Pineda Sancho

Ante la presencia cada vez más arraigada de propuestas, lenguajes, y sensibilidades políticas de tipo populista en Costa Rica, una de las reacciones más frecuentes, entre quienes miramos con sospecha esta forma de construir el poder, ha sido la de cerrar filas en torno a la defensa de la llamada institucionalidad democrática. Las apelaciones cuasi inerciales al Estado de derecho, a la división republicana de poderes, y a la necesidad de mantener vigentes las reglas propias de una democracia liberal como la nuestra han sido, hasta ahora, los intentos de respuesta más comunes frente a los proyectos que se ofrecen como portadores de “soluciones inmediatas” a los problemas más acuciantes de la sociedad costarricense.

Razones existen para reaccionar de este modo. La democracia costarricense, con sus vicios y sus virtudes, se constituyó, a lo largo de varias décadas, y en particular después de la segunda mitad del siglo XX, como uno de los regímenes más estables de todo el continente. Factores como la continuidad electoral, la legitimidad del sufragio, la vigencia prolongada de derechos fundamentales, y la existencia de mecanismos institucionales de control al ejercicio del poder gubernamental, configuraron un núcleo institucional de excepcionales connotaciones dentro del contexto latinoamericano.

Este núcleo fue acompañado, por otra parte, por un componente simbólico-ideológico que arraigó de forma efectiva en los imaginarios socialmente compartidos y en la cultura política del país. Más allá de su arquitectura institucional y jurídica, la democracia costarricense, como cualquier democracia funcional, se mantuvo en el tiempo gracias a la aceptación que encontró entre la ciudadanía y los actores políticos, así como a la creencia en sus bondades en tanto mecanismo para la organización y distribución del poder político, la canalización de los conflictos sociales y la producción de acuerdos colectivos. Todo esto, en general, es lo que se invoca a la hora de defender la institucionalidad democrática del país frente a los estilos, lenguajes y proyectos que se perciben, con o sin justicia, como amenazantes.

Esta defensa, aunque bienintencionada, suele obviar, sin embargo, que junto a las virtudes históricas de la democracia costarricense han coexistido vicios que no solo han llegado a adquirir un carácter crónico en los últimos años, sino que han erosionado, de manera cada vez más patente, la confianza ciudadana en la efectividad de sus resultados. Desde los años 90 del siglo pasado, tanto el régimen como el sistema político empezaron a aparecer, ante amplios sectores de la población, como incapaces de intermediar a plenitud sus intereses o de ofrecer soluciones adecuadas a sus necesidades. La implosión del bipartidismo que dominó la escena política durante más de dos décadas, la excesiva burocratización de los procesos estatales, la recurrencia de escándalos de corrupción, así como de prácticas asociadas al nepotismo, al amiguismo y al tráfico de influencias, y, en general, la sensación de captura del Estado por parte de élites egoístas, derivaron, en el presente siglo, en un descredito de la democracia realmente existente en el país.

Tal descrédito se ha alimentado, además, de las insatisfacciones que los resultados del proyecto de sociedad privilegiado desde las instancias decisorias más influyentes han instalado entre amplios sectores de la población costarricense durante los últimos decenios. La liberalización económica y la reorientación del papel del Estado en la vida productiva que hacen parte de ese proyecto, de una u otra forma han logrado generar equilibrios macroeconómicos persistentes y dinamizar segmentos específicos de la economía, pero se han mostrado incapaces de generar procesos amplios de inclusión social. Este ha dado lugar a una estructura productiva dual, en la que coexisten pequeños sectores altamente competitivos y bien remunerados con grandes contingentes expuestos a la precariedad laboral, a la desprotección social y a posibilidades cada vez más restringidas de movilidad social ascendente. Todo lo cual se ha visto agravado, además, por el deterioro del sistema educativo, el debilitamiento de los mecanismos de protección social y los crecientes problemas en la provisión de servicios públicos.

Este plano de la problemática ayuda a explicar el malestar con la representación política y con el propio diseño institucional del Estado costarricense, así como el atractivo que han adquirido las respuestas de tipo populista en los últimos tiempos. Ante un sistema que se muestra incapaz de procesar con eficacia las demandas sociales, de reducir las desigualdades persistentes o tan siquiera de ofrecer horizontes realistas de mejora material, el populismo ofrece salidas simples y claras. Frente a decisiones que se perciben opacas o capturadas por élites políticas o económicas, promete transparencia y redistribución del poder; frente a la lentitud institucional y a los contrapesos que estructuran la toma de decisiones, ofrece liderazgo fuerte y resolutivo; y frente a una sociedad atravesada por fragmentaciones de diversa índole, invoca la existencia de un “pueblo” homogéneo con voluntad evidente y expectativas igualmente transparentes.  

Hacerle frente al populismo, con todo lo que este tiene de disruptivo y cautivador, no pasa únicamente por la invocación automática de las virtudes históricas de la institucionalidad democrática costarricense, sino ante todo por reconocer las condiciones estructurales y subjetivas que sustentan el fenómeno. Enfrentar el atractivo que este suscita, exige asumir las tensiones que le dan viabilidad, las demandas y expectativas ciudadanas que se expresan a través de él, y, finalmente, atender los déficits de representación, eficacia estatal y justicia social que han minado la credibilidad del orden democrático liberal.

Para defender este orden ante los embates de un proyecto que, sin dejar de ser democrático en sentido estricto, tiende a empobrecer la experiencia democrática en muchas de sus dimensiones sustantivas, resulta necesario recomponer la relación entre representación y sociedad, entre mediaciones institucionales y capacidad efectiva de respuesta pública, mediante la ampliación de los mecanismos de rendición de cuentas, el fortalecimiento del control ciudadano sobre las instituciones, la transparencia en las instancias de decisión y la apertura de espacios de participación que transciendan el mero acto del sufragio. Supone, asimismo, reforzar la capacidad estatal para producir resultados que doten de sustento material a las mediaciones democráticas. Solo a través de esta articulación entre control, participación, visibilidad y eficacia podrá la democracia costarricense procesar sus tensiones sin darle más sustento a salidas simplistas y autoritarias.