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M.Sc. Juan Antonio Gutiérrez Slon
Con alto desgano, en días recientes del mes de julio 2023, se dio a conocer que el único sospecho del asesinato del líder indígena bröran Jhery Rivera Rivera, ha quedado temporalmente en libertad. Esto luego de que un tribunal de apelación, anulara el juicio en el que se condenó a 22 años de cárcel a un sujeto de apellido Varela y quien, en voz propia, ha confesado este crimen. Luego de aceptada la apelación sobre una parte de la redacción de la sentencia, el autor que ha confesado televisivamente este hecho, sigue en libertad, haciendo aún más tardía la justicia para los pueblos y territorios indígenas.
Este hecho se suma a los más de 500 hechos de violencia que diferentes instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la oficina residente de la ONU en nuestro país, organizaciones no gubernamentales, universidades públicas como la UNED, UCR y UNA, así como distintos medios de prensa, han denunciado desde el 2010 cuando los hechos de violencia física, patrimonial y territorial se han agudizado contra personas indígenas. Es cumulo de hechos implica agresión con arma blanca y armas de fuego, quema de casas y cultivos, persecución de mujeres y amenazas de muerte que han llevado a un clima generalizado de impunidad y letargo en la justicia para con los pueblos indígenas.
La libertad actual de Varela, quien estaría esperando un nuevo juicio, se encuentra al lado del impune asesinato a sueldo del líder bribri Sergio Rojas Ortiz quien, en marzo del 2019, recibiera cerca de 15 disparos en su casa de habitación. Acto criminal que se suma al fallecimiento que en 2021 sufriera un Mayor bribri de Cabagra, quien producto de una golpiza sufrida años atrás por defender la tierra, acarreó secuelas que le mermaron su movilidad y le desmejoró su salud hasta el punto de fallecer.
Hechos todos, lamentables y caracterizados por haber sido poco atendidos por los Poderes de la República. Mismos que siguen en estado de letargo y mostrando reiteradas carencias para responder a la violencia que sufren las y los indígenas que defienden sus territorios. Hombres y mujeres que haciendo valer sus derechos a las tierras –así consignados por el derecho nacional e internacional– también se les debe incluir el sufrimiento mortal que la exfuncionaria de la UNED y lideresa bribri, Mariana Delgado Morales Tubölwak, tuviera por 10 años; luego de que su familia y ella misma sufrieran diversos hechos de violencia en sus cuerpos y viviendas.
Mariana Delgado sufrió en carne propia la violencia que en reiteradas ocasiones cientos de personas indígenas han venido sufriendo de la mano de perpetuadores de violencia que respaldan los intereses de finqueros no indígenas que invaden sus territorios. Ella soportó, y le enfermó, el sufrimiento que trajo el hecho que uno de sus hijos haya sido en dos ocasiones baleado por un grupo de hermanos invasores del territorio de Salitre. Dos intentos de homicidio acaecidos a plena luz de día, con suficientes testigos que identifican a los sospechosos, y quienes no niegan el haber disparado de dos ocasiones contra Minor Ortiz Delgado del clan Tubölwak. Sujetos de apellidos Figueroa Díaz y Figueroa Uva que, habiendo perpetuado dos intentos de homicidio, siguen en libertad y con poco avance en las causas penales que se siguen en su contra.
Son estos ejemplos de una injusticia histórica. De una discriminación étnica-racial protagonizada por el Estado moderno, y ejemplos todos, de algunos de los múltiples hechos de violencia que continúan dándose contra las personas indígenas que resisten protegiendo la tierra, en medio de un clima de impunidad y aturdimiento de las autoridades correspondientes y evidenciando que la justicia para los pueblos y territorios indígenas de Costa Rica, aún no ha sido ni pronta ni cumplida.
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M.Sc. Andrey Badilla Solano
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La relación crítica del Estado costarricense con la seguridad social no responde a un momento coyuntural (2023) sino que es el resultado de una variedad de factores que intervienen en ella. Si bien los adeudos del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) pueden ser rastreado hasta principios de la década de los 80, lo cierto es que las principales fuentes del endeudamiento estatal responden principalmente a la responsabilidad establecida en 1993 mediante la ley 7374 conocida como Ley de Indigencia, aunque su nombre correcto es Ley del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del Hospital San Rafael de Alajuela, en ella en los artículo 5 y 6 se crea la responsabilidad de contribución del Estado para aquellas poblaciones en condición de indigencia. Sin embargo, el Estado no asigna los recursos presupuestarios para hacer efectiva la contribución por lo que acumula una deuda con la seguridad social que aún perdura. A su vez, durante ese mismo quinquenio durante el periodo 1990-1994 da inicio el Plan Nacional de Desarrollo 90-94 el cual promovió la reforma del sector salud, transfiriendo las responsabilidades de la atención primaria antiguamente en manos del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense del Seguro Social la cual se hizo efectiva a partir de año 1995, no obstante, nuevamente el Estado no le asigna recursos financieros a la institución para que esta pudiera asumir las nuevas responsabilidades. A grandes rasgos los dos antecedentes mencionados son los principales rubros en el monto adeudado por el Estado a la seguridad, aunque no son los únicos. El rubro correspondiente a dichos adeudos representa aproximadamente 6 billones de colones, lo que equivale aproximadamente entre el 6 – 7% del PIB de Costa Rica al 2020, es decir, es un rubro importante similar en tamaño al monto del déficit financiero del Estado, el cual al 2020 era de 8,05% del PIB nacional. Las razones detrás de por qué el Estado acumula una deuda tan grande con la seguridad social son muchas, podría alegarse que existe una mal praxis política de asignación de responsabilidades sin demostración de suficiencia de recursos, es decir, en ambos casos los gobiernos de turno crearon responsabilidades sin preocuparse por demostrar cómo y de dónde procederían los recursos necesarios para hacer efectivas las nuevas responsabilidades. Por otra parte, durante todo el periodo considerado desde 1980 hasta la actualidad (2023) los distintos gobiernos de turno han tenido que recurrir a una variedad de estrategias de financiamiento del déficit de gobierno, es decir, lo ingresos vía contribuciones fiscales han sido insuficientes para pagar las deudas del Estado con la seguridad social así como cumplir con los porcentajes establecidos constitucionalmente en salud y educación, por lo que los adeudos con la seguridad social son pagados a través más endeudamiento, ya sea interno o externo, además se ha recurrido a tecnicismo legales para recortar el monto adeudado o bien simple y, llanamente ignorar la situación y heredarla al siguiente gobierno.
Los movimientos sociales deben enfocarse en primera instancia en llegar a un acuerdo de pago entre Hacienda y la CCSS por el montón total adeudado, a la vez debe crearse la partida presupuestaria para el Estado pague de manera regular las responsabilidades que tiene con la población de indigencia y otras poblaciones con cobertura del Estado, dado que sin ella el Estado volverá a acumular otra deuda con la seguridad social en un nuevo periodo. Por otra parte, quizás en el fondo el problema radique más bien en cómo lograr un proceso de consolidación fiscal progresista y suficiente para cubrir todas y cada una de las responsabilidades del Estado social de derecho.
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