Dra. Priscilla Carballo Villagra

En las artes como en todas las áreas de construcción de conocimiento, existen hasta el día de hoy brechas de género, que gracias a los aportes teóricos y políticos del feminismo, se han empezado a denunciar desde hace varias décadas y sobre las cuales se debe seguir trabajando.

Una de las principales formas de violencia en las artes ha sido borrar a las mujeres de la historia, por lo que poco se sabe de las mujeres en las músicas académicas o populares, o de las pioneras del cine, o de las dramaturgas, etc. Esto genera una perpetuación de un relato masculino que impide que otras mujeres que llegan a estudiar carreras de artes conozcan a las precursoras que las antecedieron. Conocer estas otras mujeres puede potenciar que las nuevas generaciones se piensen asumiendo nuevos roles.

Pero además, cuando las mujeres logran graduarse de sus carreras, encuentran un mercado laboral estructurado de manera desigual, donde tienen menos espacio en puestos de dirección de orquestas, de grupos de teatro o de danza. Además, sus obras se venden por un precio menor al de los hombres o muchas veces ni siquiera son exibidas. En interesantes libros como “Feminismo y arte Latinoamericano: historias de artistas que emanciparon el cuerpo” (Giunta, 2018) la autora evidencia cómo se ha tomado el museo como espacio de disputa para denunciar la invisibilización. Por ejemplo, la acción del colectivo Nosotras Proponemos en 2018 en el Museo de Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, donde realizaron una acción simple y potente: apagar el museo y dejar iluminadas solo las obras realizadas por mujeres, ante lo cual, al entrar al museo este estaba prácticamente a obscuras.

Pero además de que no conocemos la historia de otras mujeres, y de que estamos en mercados de trabajo desiguales donde las obras sean canciones, cuadros, etc muchas veces no llegan a exponerse, enfrentamos espacios con prácticas de acoso y violencia sobre nuestros cuerpos. Es decir, el mundo del arte no es un espacio seguro para las mujeres y lo hemos visto en las campañas que colectivos de mujeres artistas han desarrollado en áreas como el cine, donde se han denunciado graves hechos de violencia.

Recientemente en el país se ha empezado a denunciar la violencia y la desigualdad de las mujeres en el arte, lo cual es un paso histórico para romper el silencio. Nos espera un largo camino para que las instituciones y las instancias gremiales desarrollen protocolos de acción para prevenir y sancionar la violencia. Pero sin duda el trabajo que vienen desarrollando diferentes organizaciones formales e informales de mujeres nos dan la esperanza de que podamos construir desde la no violencia, para que el arte finalmente sea una herramienta liberadora de todas las opresiones.

Lic. Andrey Pineda Sancho

Durante los últimos años, el estilo político de carácter populista ha ganado terreno en Costa Rica. Pese a tener un largo recorrido subterráneo y solapado (en ocasiones más abierto) en la mayor parte de la historia política del país, lo cierto es que este estilo se ha hecho especialmente distinguible en el transcurso de los últimos 10 años. Algunos de sus rasgos, al menos en el plano discursivo, salieron a relucir en la campaña política 2014, cuando las críticas a la hegemonía política y gubernamental del Partido Liberación Nacional se tornaron más vehementes, y otros tantos se hicieron presentes, esta vez con mayor claridad e intensidad, en las campañas políticas 2018 y 2022. En el primero de los casos, a través de candidaturas como las de Juan Diego Castro, quien se destacó por su discurso anti-sistémico y anti-elitista de corte punitivito, y Fabricio Alvarado, quien accedió a la segunda ronda electoral gracias a un discurso religioso-conservador exaltado y polarizante; mientras que en el segundo de ellos, por intermedio del candidato Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial que se vendió a sí mismo como un “outsider” de la política con raigambre popular y como un tecnócrata con capacidad resolutiva, y que, gracias en parte a esa imagen, resultó electo presidente de la república para el período 2022-2026.

Con su avance en el país, el estilo y la retórica populista no solamente ha posicionado y afianzado una crítica al sistema político en términos generales, sino que de forma particular también ha instalado una disputa abierta en torno a la definición de la democracia y del ideal democrático. Sus propulsores han criticado los que a su juicio son vicios de la democracia realmente existente en el país y, al mismo tiempo, han propuesto los supuestos remedios para dichos males. Así, ante un régimen que perciben como copado por unas élites políticas corruptas y desprendidas de los intereses de la ciudadanía, proponen una exaltación del “pueblo” confundido con la figura de un líder fuerte con capacidad de identificar y satisfacer las verdaderas necesidades de las personas comunes, y ante un modelo de representación que juzgan demasiado indirecto postulan, como contraparte, formas mucho más directas e inmediatas para el ejercicio de la soberanía popular. Con este discurso, a todas luces polarizante, los representes del populismo criollo mezclan críticas justas a la democracia liberal imperante en Costa Rica, con un programa abocado a minar, en el mediano y el largo plazo, las bases mismas de toda democracia posible, pues con la excusa de devolverle la soberanía al pueblo suelen propiciar, en cambio, la concentración de poder en la figura del líder (esto es muy evidente en el caso de Rodrigo Chaves), lo cual resulta caldo de cultivo para el autoritarismo y la arbitrariedad, y con el pretexto de una democracia más directa propician el socavamiento de la división de poderes, y, con ello, la potencial vulneración de los derechos ciudadanos, de las instituciones democráticas, y la desaparición de los contrapesos al poder Ejecutivo, lo cual, como se sabe, es la antesala de la tiranía. Señalar el peligro que representa el populismo para la democracia costarricense no implica, ni mucho menos, hacer abstracción de las debilidades y contradicciones que históricamente ha acusado la democracia realmente existente en el país, ni debe, bajo ninguna circunstancia, conducirnos a ello. La democracia es, por definición, un proyecto político y de convivencia inagotable, y su concreción es siempre provisional, imperfecta y multiforme; esta es el resultado de disputas, negociones y acuerdos (o incluso imposiciones) de la más diversa índole; y la democracia costarricense, en particular, no escapa de dicho supuesto. En su devenir, es posible identificar, como diría Pierre Rosanvallon, una serie de “promesas incumplidas e ideales maltrechos” que, con cierta periodicidad, casi de manera crónica, han dado justos motivos para despertar insatisfacción y descontento entre la ciudadanía. Especialmente durante los últimos 40 años, la nuestra ha sido una democracia cada vez más reducida a su vertiente procedimental, en la cual no solamente prima un modelo de representación de carácter cuasi oligárquico, sino también en la que sobresalen problemas como la corrupción; la falta eficacia, por parte de los actores políticos, a la hora de reconocer y atender las necesidades de la población (una población ampliamente excluida y marginalizada, cabe agregar); y la ausencia de estímulos que incentiven la implicación de la ciudadanía en la resolución de los retos comunes.

Ante un escenario tal, resulta imperioso explorar y encontrar alternativas que permitan profundizar las formas democráticas en lugar de socavarlas. La crítica a los defectos de las democracias liberales o minimalistas no debe llevarnos a la caer en las trampas que amenazan con traerse abajo los cimientos de toda democracia posible, tal como, en el límite, lo hacen los populismos. En cambio, debemos apostarle a construir una democracia más inclusiva y participativa, en la cual se multipliquen las instituciones, los discursos y las prácticas favorables a la constitución de un ethos democrático compartido, en la que principios éticos como la confianza, la integridad y la franqueza animen el accionar político e institucional, y en la cual se ofrezcan soluciones prácticas y realistas a las necesidades de la ciudadanía.