Licda. Megan López La Touche
Jeux de la XXXIII Olympiade !
En tiempo de olimpiadas muchos de nosotros ajustamos nuestra rutina para no perdernos de la presentación de nuestra disciplina favorita, ya sea gimnasia, natación o en esta ocasión de París 2024 observar si la selección de baloncesto de Estados Unidos es capaz de superar o igualar al llamado Dream Team que participó en los juegos olímpicos en Barcelona en el año 1992.
Y es que a muchos aún se nos sigue erizando la piel cuando vemos el video de Claudia Poll, en los juegos de Atlanta del 1996, obteniendo la única medalla que tiene Costa Rica en una olimpiada, sin embargo, detrás el show de apertura y del podio existe una historia de reivindicación del movimiento black power.
México sería la sede para recibir la antorcha de los juegos olímpicos en 1968. Todo iba transcurriendo con normalidad en cada disciplina hasta que llegó el turno de la competencia de atletismo, en donde se presenciaría uno de los momentos más emblemáticos y simbólicos en el deporte a nivel mundial y el cual se daría de la mano de los atletas afroamericanos, Tommie Smith y John Carlos.
La competencia de los 200 metros lisos concedió a Tommie el primer lugar, al australiano Peter Norman en segundo lugar y John en tercero. Al momento de subir al podio a recoger sus respectivas medallas Smith y Carlos salieron portando diferentes accesorios para simbolizar a la población negra en los Estados Unidos; medias negras que significaban la pobreza, un collar de cuentas que representaría a los afroamericanos que murieron colgados o linchados en los barcos que transportaban esclavos de África a América; el orgullo de su raza se vería en la bufanda negra que se colocarían alrededor de sus cuellos, y los tres atletas usaría la insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, organización en contra del racismo en el deporte.
Lo más relevante de la ceremonia sucedió mientras se escuchaba el himno de los Estados Unidos, cuando Tommie y John decidieron agachar la cabeza y levanta el puño, en el cual cada uno portaría un guante negro, siendo este un símbolo del movimiento black power que se iniciaría a mediados de los años sesentas y que destacaría a la población negra frente a la opresión que sufrían en diversos ámbitos.
Esta manifestación por los derechos civiles, teniendo como un precedente los asesinatos de Martin Luther King, cuatros meses antes de llevarse a cabo las olimpiadas, y de Malcom X, tres años antes. Este gesto los convirtió en héroes dentro de la comunidad afrodescendientes, pero a la vez acabo con la expulsión de los atletas ya que se consideró que fue un acto inadecuado.
Es interesante observar con atención del mundo de los deportes, ya que al revisar la historia podremos encontrar manifestación encontrar del racismo, tal es el caso del ex mariscal de campo de Los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick.
En el 2016, Kaepernick comenzaría a hincarse al iniciar las notas del himno de los Estados Unidos, argumentando que no se iba a poner de pie ya que la bandera de su país oprime las personas negras. Su manifestación estaría presente durante toda esa campaña de futbol americano. Al final Kapernick sería cortado del equipo y en la actualidad no se encuentra jugando con ninguno de los 32 equipos de la NFL.
Otro hecho importante de recordar es el de la gimnasta costarricense Luciana Alvarado, quien participó en las olimpiadas de Tokio 2021. Alvarado al terminar fue presentación alzó su puño como señal de apoyo al movimiento Black Live Matter, el cual se crea en el 2013 a raíz de la muerte de Trayvon Martin. En el 2020 sus manifestaciones crecieron por los asesinados de Breonna Taylor y George Floyd.
Me gusta imaginar un mundo en donde se acaben las diferencias raciales y en el que todos vivamos todos en paz, tal y como también lo llego a imaginar John Lennon.
M.Sc. Julio Solís Moreira
En años recientes, Costa Rica ha enfrentado reducciones considerables en los presupuestos asignados a educación, protección infantil y otros sectores sociales cruciales, reflejando una tendencia que podría alterar significativamente la cohesión social del país. Estos recortes no solo limitan el acceso a servicios esenciales, sino que también ponen en riesgo la estabilidad y el progreso social. A medida que el financiamiento para programas clave disminuye, se eleva el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes y de debilitar las redes de soporte que fundamentan el bienestar comunitario y el desarrollo integral de la juventud costarricense.
Como señala el Semanario Universidad (2023) el presupuesto para la educación en 2023 ha sido el más bajo en los últimos nueve años, afectando principalmente al Ministerio de Educación Pública (MEP), que concentra alrededor del 70% de la asignación total para educación. La reducción en las asignaciones presupuestarias ha impactado en áreas sustantivas y operativas como el desarrollo profesional docente y la infraestructura educativa.
De acuerdo con los datos presentados por La Nación (2024) lo antes expuesto refleja una tendencia y una disminución en la prioridad o inversión relativa en educación dentro del presupuesto nacional. Además, la proporción del presupuesto del MEP respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica ha mostrado una tendencia decreciente. En 2019, esta proporción era del 7.0%, pero se prevé que para el 2025 descienda hasta el 4.8%. Este cambio refleja una reducción en la importancia relativa del gasto en educación en comparación con otras áreas del gasto público, pese al crecimiento económico del país. Es notable que, entre 2019 y 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica creció aproximadamente un 37.83%. Esta información evidencia los desafíos y prioridades cambiantes en la asignación de recursos a la educación pública en Costa Rica.
De la misma forma el Semanario Universidad (2024) indica como los recortes también han afectado la inversión social, la cual disminuyó de 11,6% del PIB a 9,9% entre 2021 y 2023. Esta reducción ha limitado severamente los programas de protección social, exacerbando la desigualdad y marginación de los más vulnerables. La pobreza extrema en Costa Rica aumentó del 6% al 8% en el último semestre de 2022, y más de 190,000 personas salieron de la fuerza laboral durante este período. Las repercusiones de estos recortes en la asistencia social son particularmente severas para las familias en pobreza, afectando negativamente el bienestar y progreso de los niños, las niñas y las personas jóvenes.
Según la Defensoría de los habitantes (2024), el programa Avancemos experimentó un recorte de 12 mil millones de colones, afectando a aproximadamente 15,000 beneficiarios que dejaron de recibir transferencias monetarias esenciales para su educación. Además, los recortes han resultado en una menor disponibilidad de recursos para hogares de acogimiento, reduciendo los subsidios y limitando los cupos para nuevos ingresos, lo que podría llevar a un aumento de la institucionalización de menores en situación de vulnerabilidad.
Otro aspecto que afecta directamente a la población costarricense son los recortes al presupuesto destinado al sector vivienda con un impacto directo en la disminución de los bonos de vivienda. Por ejemplo, en 2022, el número de bonos familiares de vivienda entregados fue el más bajo en los últimos 25 años, con una reducción del 27% respecto al año anterior (Semanario Universidad, 2023). Esta situación afecta especialmente a madres jefas de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes han visto una disminución significativa en la cantidad de bonos recibidos en comparación con años anteriores. Los bonos de vivienda son cruciales porque facilitan el acceso a una vivienda digna y adecuada, lo cual tiene implicaciones directas en la salud, la seguridad y el bienestar general de la población.
Los efectos combinados de estos recortes presupuestarios pueden minar la cohesión social en Costa Rica, aumentando la desigualdad y debilitando las estructuras de apoyo común que permiten a las comunidades vulnerables mejorar su calidad de vida y acceder a oportunidades de desarrollo. El debilitamiento del sistema educativo y la reducción en los programas de inversión social podrían generar un conjunto de problemas difíciles de revertir a corto plazo como el aumento generalizado de la violencia, la segregación y la fragmentación espacial. En cuanto a la convivencia, los problemas en el acceso a viviendas adecuadas y asequibles, exacerbados por los recortes en los bonos de vivienda, pueden llevar a un aumento de asentamientos informales y precarios. Estas zonas, muchas veces caracterizadas por la falta de infraestructuras y servicios básicos, son terreno para conflictos y deterioro del tejido social, afectando negativamente la convivencia pacífica.
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