Lic. Andrey Pineda Sancho

En el caso costarricense, es evidente que la la irrupción de Rodrigo Chaves, hoy presidente del país, aceleró el “giro populista” de la dinámica política nacional y lo extendió hasta el plano de la gestión gubernamental. Ya desde su condición de candidato a la presidencia, Chaves incorporó en su repertorio político algunos de los rasgos más sobresaliente del estilo populista . Desde temprano eligió un lenguaje sencillo y emotivo para conectar con las sensibilidades y descontentos de los sectores populares de la población; se presentó a sí mismo como una persona con orígenes humildes y alejados de los sectores que han gobernado al país a lo largo de la historia; y ha alimentado una polarización sistemática entre el “pueblo común”, del cual él pretende erigirse como legítimo representante, y las élites políticas y económicas (“ticos con corona”) que, según su narrativa, le han dado la espalda a las necesidades de las personas de “a pie” y han convertido a la política y al Estado en plataformas al servicio de sus propios intereses. En esa misma línea, Chaves ha puesto en tela de duda la legitimidad de instituciones como el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, a las cuales suele acusar, un día sí y otro también, de formar parte de la “élite corrupta” y de no representar los verdaderos intereses del pueblo. Con lo cual ha minado la confianza pública en estas instancias, no tanto para provocar que estas se auto reformen en lo que corresponda (pues, en realidad, tanto para populistas como para no populistas debería ser claro que tales instituciones arrastran problemas estructurales importantes), sino para exaltar su propia figura y autoridad.

Como estudioso del fenómeno religioso, me resulta especialmente destacable la incorporación utilitaria de elementos religiosos y morales en el estilo descrito. En sus discursos y presentaciones, Chaves invoca constantemente a Dios y echa mano de metáforas religiosas con el fin de establecer una conexión simbólica y emocional con la población creyente del país (la mayoría, según diversas encuestas), pues a través de ello se muestra como un líder que comparte sensibilidades de la “gente común”. Asimismo, durante la campaña presidencial Chaves procuró mantener una postura conservadora en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se mostró afín a la agenda moral defendida por el activismo religioso conservador costarricense. Durante ese período, se presentó como una persona contraria al aborto, a la mal llamada “ideología de género”, a la instauración de un Estado Laico en el país, e incluso les prometió a los actores religiosos politizados revisar reglamentos como la “Norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico (o aborto impune)” en Costa Rica, la cual había sido motivo de disgusto entre los sectores conservadores desde la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).

Uno de los aspectos más interesantes de ese uso instrumental de lo religioso, es que Chaves se ha cuidado de mostrarse especialmente afín a alguna expresión religiosa en particular. Este ha procurado que sus alusiones a lo religioso sean lo suficientemente ambiguas y flexibles como para despertar la simpatía de las dos expresiones religiosas institucionales más importantes del país (al menos en términos de poder, representación e influencia), y ha tratado de realizar gestos capaces de complacer a las facciones más conservadoras de una y otra expresión. A la Iglesia Católica le prometió no alterar la confesionalidad constitucional de Estado costarricense, mientras que al evangelicalismo criollo le ofreció un mayor protagonismo potencial dentro de las estructuras de gobierno, dos ofrecimientos que atienden directamente a los intereses corporativos de dichas expresiones.

Una vez en la conducción del gobierno, sin embargo, las promesas realizadas por Chaves revelaron de manera transparente su carácter instrumental, pues si bien el presidente de la república no ha abandonado la pretensión de tener de su lado al activismo religioso conservador, y a los sectores de la población identificados con este, de momento sus acciones concretas no han estado a la altura de sus ofrecimientos. Pese a que durante el primer año de gobierno hizo apenas lo suficiente para mantener contentos a los integrantes de estos sectores (como dejar de utilizar la palabra “persona”, como complemento de “estudiante” o “docente” en las instituciones educativas del país; o empezar revisar, desde el Ministerio de Salud, la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico), durante el segundo año el impulso no sólo se ha desacelerado, sino que en algunos casos, como el relativo a la revisión de la norma técnica, de hecho se ha detenido; situación que ya ha empezado a incomodar a algunos de sus “aliados” originales y que poco a poco empieza a reducir la utilización del factor religioso por parte de Chaves a una dimensión meramente simbólica, y, hasta cierto punto, decorativa. Está por verse, entonces, si el “populismo religioso” articulado por Chaves logra tomar nuevos bríos en lo que resta del gobierno o si más bien decae estrepitosamente hasta revelarse como una mera fachada. Mientras tanto, habrá que prestarle atención a su evolución y a sus consecuencias.

Dra.Marcela Pérez Rodríguez

El 26 de junio del 2023, por medio de los periódicos y medios digitales nos enteramos de una lamentable noticia:

Este hecho es lamentable, y por desgracia, es un acto violento, es una de las tantas situaciones de alto riesgo y abuso que viven las personas adultas mayores de nuestro país.

Este tema es complejo, porque no solo se trata crear políticas, normas o procedimientos, sino también, es un tema organización social y corresponsabilidad de todas las personas que habitan en un territorio.

No sólo es un tema de exoneración del pago del bus o descuentos en una determinada ruta, sino es un tema que se refiere al cumplimiento y aplicabilidad de los principios de los derechos humanos en nuestras comunidades o localidades.

Cuando trabajamos con personas adultas mayores es recurrente este tipo de comentarios: “el chofer del bus no paró”; “Las gradas son muy altas y el chofer no me trató bien y se dejó la cédula”; “tengo 86 años y el chofer me pregunta si soy vieja”; “me cobraron el pase”; “el muchacho estaba sentado y yo de pie”; “el Chofer me gritó”

La persona adulta mayor tiene el derecho a la autonomía, libertad e individualidad para trasladarse de un lugar otro. Por ejemplo, para trasladarse a estudiar o capacitarse, recrearse, trabajar, asistir a una cita médica, visitar un amigo o pariente.

La Organización Mundial para Salud (OMS) creó en el año 2010 la RED Mundial para Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. El fin de esta RED es el de promover acciones específicas en el ámbito local para fomentar la plena participación de las personas mayores en la vida comunitaria y promover un envejecimiento saludable y activo. Este proyecto se esta promoviendo en Costa Rica. Y algunas Municipalidades como San Carlos, Cartago, San José entre otras son parte de esta red y asumieron el compromiso. Compromiso, que no puede quedarse en el papel, por lo contrario, debe generarse proyectos sociales dirigido a esta población con responsabilidad, escuchando las voces de esta población e involucrándola en la definición de políticas y programas locales.

En el caso particular del transporte público y privado, las municipalidades a través de la Oficina o Programa de la Persona Adulta Mayor, deben de trabajar de forma efectiva y transparente con las distintas instituciones públicas y con las organizaciones no gubernamentales que apoyan a la persona adulta mayor para garantizar el cumplimiento de las siguientes normas: Ley 7935 Integral para la Persona Mayor , Ley 7936 Transporte remunerado sobre Pasajes Gratuitos Niños y Adulto Mayor, Ley 7593 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 9078 de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial y los Convenios Internacionales de derechos humanos.

Las municipales con la participación de la comunidades deben construir aceras y paradas de taxis y buses seguras y con accesibilidad para esta población, financiar programas educativos sobre esta temática a choferes y dueños de las empresas locales, trabajar de forma coordinada y efectiva con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras instancias para vigilar y darle seguimiento a las denuncias, crear programas educativos o en la formulación de proyectos socioculturales con personas adolescentes o jóvenes que apoyen la movilidad de la persona mayor.