M.Sc. Natalia Dobles Trejos

En el marco del Primer Congreso Latinoamericano por la Renta Básica Universal, celebrado en  Costa Rica los días 17, 18 y 19 de julio del presente año, se debatieron para nuestra región temas tales como: La Renta Básica Ciudadana y ejemplos de buenas prácticas locales de algunos países pioneros de la región: Colombia, Perú, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Chile, México y Brasil.  Estas experiencias locales, acuerpadas por actores políticos, algunos gobiernos municipales (locales), cooperación internacional, actores desde la sociedad civil, sindicatos, comunidades organizadas, mujeres lideresas de pueblos originarios desde su experiencia comunitaria, sembraron la base para armar una propuesta desde la decolonialidad de los saberes latinoamericanos, permeados por la interculturalidad autóctona de cada uno de nuestros pueblos.

Sin duda alguna, una experiencia enriquecedora, en la cual confluyeron diálogos sobre la dignidad humana como prioridad en la política social y el debate de la universalización de los programas sociales con miras al reconocimiento de cada uno de los contextos particulares desde la interseccionalidad, los derechos humanos,  la equidad de género y la interculturalidad desde nuestra región.

El congreso se vio también fortalecido por compartir otras experiencias internacionales desde Cataluña, España y especialistas internacionales de la India, Holanda, Portugal e Inglaterra.

En seguimiento a este congreso: ¿A qué nos referimos cuando intentamos conceptualizar una renta básica universal desde el contexto latinoamericano?

Esta es una definición que se encuentra en construcción y constante reformulación, no obstante, en este escrito debemos partir de lo más básico, así sea herencia de una realidad distinta a la latinoamericana.

Así las cosas, parte de los diálogos  establecidos del congreso definen lo que comprendemos por Renta Básica Universal(RBU) o como algunos autores(as) le llaman: Renta Básica Ciudadana (RBC).   Para autores como Lo Vuolo y Raventós, quienes trabajan estos temas desde nuestra región, el concepto de la Renta Básica (RB)alude principalmente a un ingreso universal ciudadano exante, es decir, un ingreso básico por la sola razón de ser una persona ciudadana mayor de 18 años, independientemente de su condición socioeconómica. Con ello, expresan la tensión que existe en los programas sociales de rentas condicionadas por situaciones de pobreza y la “universalización” de estos para romper las “trampas de pobreza” y la “estigmatización” que sufren históricamente las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social a la hora de depender de las transferencias condicionadas.

Esto significa en síntesis, para nuestra región todo un reto y como parte del diálogo de este primer encuentro, incorporamos con fuerza el “conocimiento situado” desde la experiencia de los proyectos pilotos, los cuales enlazan en la agenda política latinoamericana los debates de “interculturalidad”, “la interseccionalidad” desde los feminismos latinoamericanos, el concepto de “igualdad” y “equidad de género” más acertado, los posicionamientos de las economías decoloniales tales como la economía feminista y las economías diversas, tan posicionados en América Latina de la mano de expertas como Natalia Quiroga, quien en conjunto con más investigadoras feministas y activistas latinoamericanas, traemos con fuerza el debate sobre la revalorización de los trabajos de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados en la proyección de los derechos humanos de las personas cuidadoras y cuidadas, sobre todo porque estos trabajos se encuentran más representados por los cuerpos feminizados históricamente, fragmentando la autonomía de muchas mujeres de distintas realidades y edades en América Latina.

Por tanto, he aquí un diálogo necesario entre distintos sectores de nuestra región que no se agota en estos textos, los cuales, sin duda, seguiré redactando en torno a estas discusiones para enriquecer el debate desde distintas disciplinas de las ciencias sociales y la investigación.

 Fotografías de la investigadora Natalia Dobles.

M.Sc. Luis Alonso Rojas Herra

Cuando hablamos de homofobia institucional nos referimos todas aquellas formas tangibles e intangibles en que los diversos organismos gubernamentales discriminan sistemáticamente a una persona, principalmente funcionarios, por su orientación o identidad sexual distintas a las heterocisnormativas.

El reconocimiento de que en toda estructura organizativa institucional existen prácticas homofóbicas naturalizadas es un primer paso para la transición a un modelo organizacional más respetuoso de la diversidad. Si no existe ese reconocimiento sincero de las autoridades se va continuar perpetuando y proyectando una idea falsa de que nuestra institucionalidad es libre y respetuosa de las diferencias. Esta transición se logra con un verdadero compromiso ético y moral de las autoridades institucionales.

Cuando las distintas autoridades y jefaturas institucionales guardan silencio y no accionan ante actos de discriminación ejercidos a hacia algunxs de sus funcionarixs LGBTIQ+ no solo se convierten en cómplices de esa violencia, si no que propicia la gestión de un espacio inseguro para los funcionarixs LGBTIQ+., espacio donde otrxs funcionarixs se sienten empoderadxs de poder ejercer discriminación a otrxs compañerxs de trabajo LGBTIQ+ ya que su propia jefatura inmediata guarda silencio.

La censura, la invisibilización, el hostigamiento laboral y cualquier actitud física o verbal que vulnere la dignidad del empleadx LGBTIQ+ son formas de discriminación que están naturalizadas en estos contextos institucionales.

La primera señal de que una institución recurre a prácticas homofóbicas interiorizadas institucionalmente es la ausencia de una ley o política construida por la propia institución que proteja a las personas LGBTIQ+ contra la discriminación. La ausencia de una política que guie u oriente a todxs sus funcionarios a un compromiso ético y moral en común: Erradicar la violencia por discriminación sexual.

Una actitud de resistencia generalizada y el poco o nulo interés de las autoridades institucionales por gestionar una política institucional de este carácter es una segunda señal de que la discriminación contra personas LGBTIQ+ es sistemática, naturalizada y cotidiana.

Toda política institucional contra a la discriminación por diversidad sexual debe comprender los recursos jurídicos, financieros, humanos y materiales para poder cumplir y mantener sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, de lo contrario sería un conato o intento fallido. Además, esta política institucional debe dialogar sobre los intereses colectivos, desde el respecto y la reivindicación, de este grupo históricamente marginalizado. Una política institucional por y para personas LGBTIQ+.

Toda institucionalidad que se haga llamar libre de discriminación está en obligación de atender de manera adecuada las necesidades particulares de la población LGBTIQ+. dentro de sus espacios de trabajo. Y, por lo tanto, generar datos estadísticos que evidencien cuantitativamente cuales son estas necesidades particulares que expresa esta población y la cantidad de personas LGBTIQ+. Que trabajan para su estructura y las condiciones en la que laboran.

Toda institucionalidad que se haga llamar libre de discriminación debe velar que sus funcionarios LGBTIQ+ tengan las condiciones laborales mínimas estables: código o propiedad, salarios competitivos y sus respectivas compensaciones, jornadas de laborales completas. De lo contrario se estaría recurriendo a reproducir las condiciones de explotación y extractivismo que históricamente han estado relacionadas las violencias que se ejercen hacia las personas LGBTIQ+.

Toda institucionalidad que se haga llamar libre de discriminación debe contar con un comité de diversidad en condiciones laborales dignas y financiamiento, que proponga espacios de capacitación y formación en temas relacionados a erradicar la violencia por discriminación sexual institucional. Estas iniciativas deberían estar presentes durante todo el año y ser ofrecidas para todas las instancias de la organización.

Toda institucionalidad que se haga llamar libre de discriminación debe celebrar desde la reivindicación el mes de junio en conmemoración de la despatologización de las personas LGBTIQ+. Organizar actividades, sin presupuesto y bajo la sobre carga laboral únicamente para este mes, es explotación laboral y asistencialismo.

La institucionalidad nunca va estar lisa para enfrentar estos temas, y debe tener claro que no nos corresponde a las personas LGBTIQ+ funcionarias llevar esa carga. Las acotaciones que acá se exponen deben ser un compromiso ético y moral de la institucionalidad y sus respectivas jerarquías. La Institucionalidad en el contexto político actual de un gobierno fundamentalista y liberal, está en peligro y compromete la salud física y emocional de las personas LGBTIQ+.

Quiero finalizar con un par de preguntas que inviten a la reflexión más que al señalamiento. ¨Comunidad unediada¨ ¿Cree usted que la UNED es un espacio libre de discriminación? ¿Es usted de los que se autodenomina aliadx? ¿Qué ha hecho para cambiar esta situación?

Acciones de visibilización institucional. La iza de la bandera de la diversidad en conmemoración del 17 de mayo año 2019. Fuente Facebook del CICDE.