Por: Priscilla Carballo Villagra

En un contexto de crisis sanitaria en el que pensaríamos que ha quedado más que demostrada la necesidad de que exista una institucionalidad fuerte, irónicamente desde la Asamblea Legislativa se han formulado una serie de ataques contra la institucionalidad pública, y el Ministerio de Cultura al igual que otras instituciones ha sido objeto de intentos de recortes significativos. En este escenario es relevante hacerse la pregunta: ¿por qué es importante tener un Ministerio de Cultura?

Lo primero que se debe tener presente es que las instituciones estatales lo que hacen es operacionalizar y garantizar derechos que han sido estipulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, es decir, derechos que los Estados se han comprometido a brindar a las personas que habitan su territorio. La forma de financiar el quehacer de estas instituciones es por medio de los impuestos que pagamos todas las personas por diferentes vías. De manera que estos recursos son colectivos, y el Estado debe administrarlos y devolverlos en forma de proyectos y servicios.

De esta manera, el Ministerio de Cultura es una de las entidades encargadas de garantizar el acceso a manifestaciones culturales diversas y plurales, además de impulsar políticas para el sector. Un recorte al Ministerio de Cultura no implica que un país “se quede sin cultura”, como de manera errada algunas personas manifiestan. Esa afirmación no tiene mucho sentido porque no existen colectividades humanas sin prácticas culturales. La gravedad de las amenazas de recortes radica en que la labor del Ministerio es garantizar el acceso de la población a una oferta permanente de actividades culturales como un derecho humano, actividades gratuitas como las de los Festivales de las artes, o pagadas idealmente a bajos costos como las realizadas en teatros públicos.

De manera que la discusión sobre el recorte de presupuesto de este Ministerio, implica plantear claramente que se estaría violentando un derecho que el Estado debe garantizar: el derecho de acceso a actividades culturales. Un derecho por el cual además todos y todas hemos pagado y continuamos pagando por medio de impuestos que se van a las arcas del Estado.

Con las críticas que se puedan tener a las ofertas culturales del Ministerio, como la visión eurocéntrica de muchas de ellas y falta de diversidad e innovación, entre muchas otras. Es importante entender que el debate refiere a un derecho, un derecho de acceso a actividades que tienen la capacidad de presentarle a las poblaciones otros mundos posibles, otras formas de relacionarse, otros horizontes, que trascienden la compulsión a producir y consumir que el capitalismo nos plantea como un único destino posible.

Por esto es importante defender el presupuesto para esta institución, pero también cuestionar al Ministerio, cuestionar sus bases y sus concepciones, las relaciones verticales que construye con el sector, la falta compromiso demostrado en esta crisis para dar soluciones concretas, y la falta de creatividad en el uso de los presupuestos en coyunturas críticas como las actuales.

Debemos defender la institución y su presupuesto, pero también apropiarnos del Ministerio de Cultura y darle vida, para que la burocracia no lo consuma, y así poder vivir el derecho a actividades culturales. Esto no es responsabilidad solamente de las organizaciones gremiales de las artes, nos toca a todos y todas como públicos, para garantizar que nuestro dinero nos sea devuelto por medio de una oferta cultural amplia como corresponde, y que nuestros derechos sean respetados.

Por: Orlando Amaris Cervantes

Tanto en contextos rurales como urbanos organizarse comunitariamente implica adentrarse en un mundo donde, al igual que un espejo, las contradicciones del entorno se reflejan en dicha participación. Esta imagen duplicada, aunque no exacta, surge en el marco de un paternalismo estatal ambiguo que pocas veces actúa de la forma y con la celeridad deseada. De cualquier manera, podemos ver también zonas grises propensas a la impunidad. En estas últimas se encuentran los conflictos ambientales. Aunque en Costa Rica existe una legislación ambiental reconocida a nivel internacional, el acaparamiento y la contaminación con frecuencia parecen no tener freno.

 En muchos casos los hechos anteriores son tan evidentes como también lo es el desgaste que experimentan aquellas personas y grupos luego de plantear su desacuerdo por el establecimiento o la operación de proyectos que lesionan el derecho constitucional a un medioambiente sano, ya sea porque alguna empresa o vecino contamina el río cuya agua beben o porque carece de permisos, o porque no se le consultó a la población circundante, o porque arruina el paisaje, o porque deprecia sus propiedades, o porque invade un área de protección de un curso de agua el cual se han esforzado en reforestar, para mencionar algunos ejemplos. Es conveniente estudiar la forma cómo estos problemas impactan a las organizaciones, sus miembros y sus voluntades, pero también las motivaciones profundas que mueven a estas personas a organizarse más allá de la amenaza que temen o el daño que padecen.

En el pasado tuve la oportunidad de involucrarme activamente en varias luchas de este tipo en calidad de vecino y profesional universitario. En la actualidad, siempre que ha estado a mi alcance, también he brindado mi criterio a aquellas organizaciones en las cuales participé, incluso animando a su creación. Asimismo, desde hace 4 años pude aproximarme a la complejidad del trabajo comunitario en pueblos costeros de la región Pacífico Central y no hay que ser un especialista para encontrar validez en sus preocupaciones acerca de la desatención que en materia ambiental hay en esa región, como en otras del país, así como del preocupante cambio que observan en su entorno. Es común la sensación de que no hay justicia ambiental, no hay espacios de participación y tampoco reparación de los daños a la naturaleza. En todas las experiencias anteriores, he podido comprobar la contradicción del discurso de la participación ciudadana cuando en no pocos casos a mujeres y hombres se les recarga con reuniones u otras diligencias legales que compiten por el tiempo destinado a sus ocupaciones laborales, sus responsabilidades familiares o su descanso.

Resuena en mí esa frase de Alexánder Skutch: El planeta tierra no se convirtió en un lugar habitable para el beneficio de una sola especie. Sé bien que la naturaleza tiene un valor instrumental, en el sentido que es importante para nuestra subsistencia como seres humanos. Por tanto, tiene un valor de uso. Sin embargo, también es claro que la naturaleza tiene valor en sí misma, independientemente del que nosotros le asignemos. Esta independencia es la que no es del todo reconocida por el antropocentrismo dominante justo en este punto crítico de nuestra historia evolutiva.

Con la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 se ha constatado cómo la depredación sobre el medioambiente y sobre los otros animales no humanos hizo posible el salto del virus a nuestro organismo y puede facilitar saltos similares en el futuro si dicha depredación no cesa. Se cuentan en este momento poco menos de 176 millones de personas enfermas de covid-19 en el mundo. Ya también hay certeza científica de que una reducción de las emisiones de combustibles fósiles no basta para eliminar el CO₂ de la atmósfera. De hecho, esa medida debe complementarse con otra muy eficaz, barata y rápida. Tal como un equipo científico propuso en su informe, varias acciones orientadas a la protección y restauración de los ecosistemas ricos en biodiversidad pueden resolver la crisis climática. Dicho de otra manera: el cambio climático no puede ser resuelto sin atender la crisis ambiental; por tanto, necesitan resolverse juntas. Esto me lleva a preguntar, independientemente de la visión ecocida de la representación empresarial de la UCCAEP y su reactivación económica para el país, ¿Cómo podemos en nuestros entornos más próximos hacer un intento por restablecer la salud del planeta desde el parque del barrio, desde nuestro patio, desde el lote contiguo o al menos desde nuestras preferencias de consumo?

Desde mi perspectiva, los retos planetarios en materia climática y ambiental no deben ser vistos de forma separada ni tampoco distantes de nuestras realidades más locales. De hecho, estos complejizan todavía más los desafíos ambientales que en la escala nacional demandan nuestro compromiso urgente. Estamos apenas a tiempo para empezar a considerar responsablemente nuestra presencia y su impacto en la biosfera. No hay tiempo para ensayos infructuosos. Está en juego nuestra participación (y nuestra supervivencia) en el entramado ecosistémico del que somos parte y que nos había provisto de una atmósfera segura hasta que con los gases de efecto invernadero transformamos el clima a nivel planetario.