Backtori Golen Zúñiga

María Alexandra Medina Hernández

Reivindicar el derecho de las mujeres a la tierra pasa por reconocer el territorio como un espacio vivo, en el cual se producen y reproducen relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

Las mujeres del campo deben enfrentarse a un contexto donde el modelo económico crea cada vez más condiciones apremiantes para las familias agricultoras, ya que promueve lógicas de producción agraria basadas en la explotación de los recursos y personas; además, deben hacer frente a las dinámicas patriarcales que se reproducen en las instituciones estatales y en sus propias comunidades y familias.

Aunado a esto, los estudios feministas, que se sustentan en visiones occidentalizadas promueven estrategias como el emprendedurismo como solución para asegurar la sobrevivencia de las mujeres que viven del trabajo de tierra, pero estas estrategias se basan en modelos de desarrollo capitalistas y colonialistas, no se guían por las cosmovisiones, las perspectivas de producción y de satisfacción de necesidades de las mujeres y sus familias, sino en lógicas agro productoras neoextractivistas que van marcando la pauta sobre los alimentos o derivados que resulten más rentables para ser exportados o encadenados con grandes compañías de alimentos.

Estas propuestas productivas demandan competitividad por lo que conllevan prácticas intensivas que generan agotamiento de los suelos y la introducción del uso de agroquímicos que degradan el paisaje natural, pues se filtran hacia los mantos acuíferos y reducen la flora y fauna nativas. Es necesario establecer que el derecho a la tierra implica el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la soberanía alimentaria y a mecanismos de comercialización que se sustenten en una economía solidaria.

Abrazar la autonomía de las mujeres del campo implica partir del reconocimiento de sus derechos humanos en lo político, económico, social, cultural, y ambiental: es el derecho a tomar decisiones sobre sí mismas, sobre su realidad, su territorio, su alimentación, sus ciclos de producción y reproducción de la vida.

La complejidad existente en la distribución del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres en el campo se escapa a las formas de pensamiento que fragmenta la realidad cotidiana entre público y privado para comprender espacios de trabajo pago y no pago, es por ello que las propuestas productivistas y microempresariales violentan sus modos de vida, su ambiente, su salud, sus cosmovisiones, cuando pasan a imponer ritmos, cultivos, químicos, lógicas de trabajo que trastocan la vida rural.

Históricamente, las instituciones de Costa Rica que por ley están encargadas de la política agraria y distribución de la tierra, han existido limitaciones estructurales para registrar según sexo la asignación de las titulaciones de los terrenos (familiares, en copropiedad e individuales), así como para dar un seguimiento a los movimientos que se hacen de las mismas, ya sea en el mercado (mediante la compra, la venta o la hipoteca) o a nivel familiar mediante la herencia. Actualmente, a parte del Censo Agropecuario de 2014, no hay otra base de datos que brinde información cuantitativa sólida en torno a la cuestión de las mujeres rurales.

Es indispensable comenzar a incorporar indicadores de genero con perspectiva feminista para construir, tanto las bases de datos de las instituciones que formulan y ejecutan políticas sociales del sector agrario, como los diversos instrumentos estadísticos para dar cuentas de la realidad agropecuaria. Este tipo de información puede brindar insumos sobre las mujeres rurales que visibilicen sus aportes al mundo agro productor, así como a la economía familiar y comunitaria, además, tienen el potencial para recuperar información para identificar las necesidades e intereses de las mismas.

Elaborado por:
Marcela Pérez Rodríguez

Investigadora-CICDE

Nos encontramos con personas adultas mayores, pensionadas y jubiladas, que tienen realidades y situaciones diferentes, pero que comparten, en muchas ocasiones, un escenario en común: el ingreso por pensión no alcanza y tienen que trabajar, a pesar de la edad y su precaria situación de salud.

En el imaginario social existe la creencia de que, las personas pensionadas no trabajan y tiene la disponibilidad y el tiempo para realizar actividades de ocio o recreativas. Para muchas personas, la jubilación como derecho representa un “problema económico y social”, ya que significa ese cambio de la persona activa-productiva-trabajadora, a la persona en jubilación-jubileo-recreación. En ese proceso de transición, se visualiza a la persona pensionada, como una persona que se ocupa, solamente, en aquellos proyectos de vida personales, que no pudo realizar durante su vida laboral y que, le generan satisfacción. Cuando se menciona pensión como un derecho de protección económica, también se relaciona con el término jubilación como las posibilidades que tiene las personas para realizar sus proyectos de vida personal sin que exista una relación entre “patrono(a)-trabajador(a)”.

Lo cierto es que, las personas pensionadas y jubiladas trabajan y aportan a la economía y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Los trabajos los realizan con remuneración o sin remuneración, inclusive, con gran frecuencia, en tareas relacionadas con los cuidados. ¿Cuántas abuelas y abuelos asumen la responsabilidad de cuidar a sus nietos? ¿Cuántos hogares de nuestro país, se sostienen con el ingreso por pensión de una persona adulta mayor? ¿Cuántas mujeres pensionadas trabajan como voluntarias en los hospitales u hogares de larga estancia?

Cuando caminamos por la calle o visitamos algún establecimiento comercial nos encontramos personas adultas mayores (hombres y mujeres) trabajando de manera informal ya sea vendiendo verduras, cuidando carros, vendiendo flores o comida. Cuando nos acercamos a esas personas y conversamos, en algunas ocasiones nos dicen que la “pensión no alcanza para vivir”. Esta escena es muy común en nuestro país. También, nos encontramos con personas que no tienen pensión y su situación es mucho más crítica.

Las políticas públicas con un enfoque interseccional deben de garantizar la alimentación, salud, vivienda o habitación, vestimenta, cuidados integrales de este grupo etario. La protección económica no es solo un recurso o ingreso fijo que tiene una persona para sobrevivir, sino que va más allá, y es precisamente, a través de las estrategias y acciones estatales que deben de garantizar que las personas adultas mayores tenga una calidad de vida digna, sin que se les violenten los derechos culturales o sociales, a través del tiempo. De ahí la importancia del Estado, ya que es la instancia que podría facilitar el proceso de construcción de leyes y políticas, orientadas a mejorar sus condiciones de vida, mediante el diálogo permanente con los distintos movimientos socioculturales y, grupos locales de personas pensionadas adultas mayores. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene una sección de apoyo a las personas adultas mayores, de conformidad con lo que indica la Ley N°7935, en la que lo obliga a crear programas orientados al emprendedurismo y empleabilidad, en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Social, donde se desarrollan actividades socioeducativas, en coordinaciones con organizaciones locales y las municipales. La pregunta que se genera es si estas acciones están cubriendo en su totalidad esta población, no solo referente al tema de trabajo, sino a los cuidados, tanto de las personas adultas mayores activas, como las dependientes. Tenemos que considerar que la población de las personas adultas mayores está creciendo rápidamente, como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien expresa que, para el año 2050, 21 de cada 100 habitantes en Costa Rica tendrá 65 años y más, lo que significa que los problemas o situaciones relativos a las personas adultas mayores, cada vez, tendrán mayor importancia e implica una reorganización social, cultural y económica, donde las vejeces, que son diversas, deberán de contemplarse en la construcción de las políticas sociales.