Natalia Dobles Trejos, investigadora
CICDE

Hoy debo presentarles a Tatiana (seudónimo), mujer de 23 años, de origen nicaragüense, quien hace escasos 3 años llegó a vivir a la comunidad denominada, “La gran Guararí”, nombre que esta comunidad también recibe por su diversidad histórica, demográfica, socioeconómica, marcada por las luchas sostenidas en manos de las mujeres organizadas.

Tatiana no tiene poco de estar en nuestro país. Ella migró a sus escasos 3 años en conjunto con sus padres, quienes se asentaron en fincas cafetaleras del sector de Naranjo, en la provincia de Alajuela. Su infancia y adolescencia recorrió las carencias propias de ser migrante ante los ojos de un país que les acoge con informalidad laboral y el constante ir y venir entre Nicaragua y Costa Rica en busca de mejores opciones de vida. Su madre, quien laboraba en labores domésticas y cafetaleras a expensas de trasladarse de finca en finca por la falta de asentamiento propio, se vio obligada muchas veces a sacarla del sistema educativo formal para que les apoyara en labores de cuidados familiares.

A sus veintitantos años, Tatiana se enamora y migra al Valle Central con su pareja. Con su embarazo, cargaba esa ilusión de mejores pasos y promesas urbanas para su familia. Sin embargo, su situación da un giro inesperado, su compañero se va a Nicaragua para no volver y queda Tati sola, en un cuarto de la comunidad de Guararí con su bebé de meses en brazos.

Así de pronto, vienen las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia a advertirle a esa mujer madre, que debe salir de ahí por el bien del bebé, de lo contrario, serían separados.

Pero Tatiana no es de las mujeres que se sientan a llorar ante el dolor, y su búsqueda tuvo oídos dentro de la comunidad. Conoció a Xiomara (seudónimo), una mujer costarricense de mediana edad, a su familia y a otras mujeres más quienes solidariamente atendieron el cuidado de su bebé para que ella buscara trabajo y saliera adelante.

Afortunadamente, Tatiana encontró varios trabajos en casas, que le permitieron mudarse a un mejor lugar, cerca de su red de cuidados, es decir, dentro de la misma comunidad. Tatiana es una mujer luchadora y autónoma, quien encontró la sororidad también en el CEN-CINAI de la comunidad donde su hijo, ahora ya de dos años, recibe atención integral mientras ella se traslada durante el día, a las distintas casas donde colabora por jornadas de horas en las tareas domésticas.

Esta chica luchadora aún no ha concluido su escuela porque tuvo que trabajar desde temprana edad y eso le dificulta el acceso a trabajos más calificados. Tatiana apenas sabe leer y escribir, mas ello no le impide seguir tocando puertas y nuevas oportunidades. Su salario apenas alcanza para ambos y en las casas donde labora no la tienen asegurada.

Tati es consciente de que vive un esquema de violencia estructural y sigue su lucha por brindarle un mejor futuro a su hijo.

Ha encontrado una familia comunitaria que la acompaña en una gran parte de su proceso.

Cuando yo la entrevisté, Tati entre una sonrisa triste y sus ojos cristal, me cuenta en confianza su sueño de terminar sus estudios para acceder a trabajos más dignos y así romper el círculo de pobreza en su familia nuclear. Observé a una mujer grande buscando oportunidades con una red que le permita continuar su autonomía en condiciones de igualdad.

Reconocer los cuidados como inversión social es y repito, una prioridad en la agenda política de nuestro país.

 (Fotografías tomadas el día 13 de octubre del 2022 por Natalia Dobles, Investigadora CICDE. Comunidad de Guararí)

Elaborado por: Dra. Marcela Pérez Rodríguez

Investigadora-CICDE

Con respecto a políticas y programas orientadas a las personas adultas mayores, Costa Rica, avanzó de forma muy significativa; con la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; adoptada el 15 de junio del 2015, en Washington D.C. De esta forma, el país adquirió un gran compromiso y, asumió un cambio sustancial en el enfoque de las políticas, orientadas a las personas mayores de 65 años. Por ejemplo, el artículo 12 de esta convención se indica:

La persona mayor tiene el derecho a un sistema integral de cuidados que provea la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda, promoviendo que la persona mayor, pueda decidir, permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. 

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidados de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la participación de la persona mayor, respetándose su opinión.

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema de cuidados que tenga especialmente cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.

Este mandato y compromiso replantea que, las políticas y programas de cuidados, dirigidas a las personas mayores, se deben de visualizar desde una perspectiva más integral, sistémica y, con una visión de género. Es decir, se procurará abolir la discriminación y exclusión social, de las personas mayores de 65 años, en las distintas realidades. Por ejemplo, la exclusión en el mercado laboral, la distribución desigual de las tareas, en las unidades domésticas/hogar, la accesibilidad y calidad de los servicios de salud, la autonomía, entre otros aspectos.

En el año 2012, se implementó el Programa de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayor y, en el 2021, se aprobó la Política Nacional de Cuidados 2021-2031: Hacia la implementación progresiva de una Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia. Lo cierto es que, estas políticas y programas, deben están articuladas con políticas relacionadas con la seguridad social. Si la persona mayor de 65 años y más, no puede tener acceso al sistema de seguridad social, es una persona que cuando tenga edades avanzadas se podría encontrar en situaciones alto riesgo y en pobreza extrema. 

Garantizar, defender y vigilar ese derecho, es también una práctica de cuido, al igual que escuchar sus voces y, promover la participación política de estos grupos etarios, para la definición y articulación a los sistemas de cuidados.

En esta coyuntura, tan compleja, podemos hacernos las siguientes preguntas:

¿Cuántas mujeres mayores de 65 años asumen sin remuneración el cuidado de sus nietas o nietos o personas dependientes?

¿Cuántos de este grupo etario tienen una pensión?

¿Cuántas mujeres y hombres no tienen pensión?

¿Cuántas personas mayores a 65 años no tienen acceso al sistema de seguridad social?

¿Cuántas personas mayores de 65 años vive en sus hogares, centros de larga estancia o están en condición de calle?

La respuesta a estas preguntas nos permite, visualizar múltiples escenarios que, se tejen en la trama y, la urdimbre de las realidades de las vejeces. Una persona mayor de 65 años merece una vida digna y la dignidad solo la podemos lograr, si enlazamos la seguridad social, las pensiones y los cuidados.

En el año 2050, uno de cada cinco costarricenses será mayor de 65 años y, el gran reto, el desafió, es imaginar a estas personas, en sus edades avanzadas, con acceso a los servicios de salud con calidad, gozando de una pensión, con seguridad alimentaria, recreación, ocupación y vivienda.

Fotografía: Marcela Pérez. Aguas Zarcas San Carlos