Lic. César Moya Aburto

Las recuperaciones de territorios indígenas –que han tenido mayor cobertura y visibilización a partir de 2010, con las recuperaciones realizadas en el territorio de Salitre— han estado marcadas por una fuerte reacción de grupos contrarios a dichos procesos de reafirmación territorial, la cual se expresan en una constante violencia ejercida contra las personas, familias y pueblos indígenas, que han decidido, de manera autónoma, realizar estas acciones en favor del saneamiento de sus territorios, proceso que posibilita la regeneración natural de los mismos.

La lucha por la recuperación del territorio tiene dos vías; por un lado, la vía jurídica que, desde el movimiento indígena, realizaron en su momento, pero que implica largos periodos de tiempo en resolverse, y, por el otro, la vía de la recuperación de hecho, siempre realizadas de manera pacífica por las personas indígenas, modalidad de recuperación a la que han tenido que recurrir las familias y personas indígenas ante el deficiente y lento actuar del Estado. Ambas vías, constituyen recuperaciones sujetas a Derechos de los Pueblos Indígenas, reconocidos nacional e internacionalmente, como, por ejemplo: en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por Costa Rica en 1992; y la Ley Indígena 6172 de 1977.

Estas acciones de recuperación se realizan con la finalidad de que las familias indígenas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, y adultos mayores, que no poseen tierras, debido —entre varias razones— a la usurpación de las mismas, puedan tener espacios donde vivir, cultivar y realizar las actividades culturales propias de su pueblo originario. Este acceso a la tierra, asimismo, se convierte en un importante medio para heredar tierra a las nuevas generaciones, lo que posibilita continuar con la vinculación cultural de dicho pueblo indígena con su entorno natural-espiritual.

Las recuperaciones son la respuesta a la que han recurrido los pueblos indígenas frente a la inacción y la deuda del Estado y los gobiernos de los últimos –al menos— cuarenta años; la violencia y las agresiones, son la vía que los finqueros y personas no indígenas aliadas a estos, han implementado frente a la deuda del Estado. Una respuesta constante, de los grupos organizados que están en contra de los procesos de recuperación y saneamiento territorial, es el ejercicio de la violencia en contra de las y los indígenas que realizan dicha lucha. Esta violencia se caracteriza por intentar desestabilizar y traer abajo las recuperaciones alcanzadas, desmotivar a las personas e intimidar a todas aquellas personas que alzan su voz en favor de sus derechos como pueblo indígena. Es común que las agresiones se dirijan a la quema de viviendas, quema de cultivos, quema de objetos personales; estas agresiones al patrimonio de las familias y personas indígenas también vienen acompañadas de agresiones físicas contra la integridad de las personas indígenas, como, por ejemplo: golpes contra las personas indígenas, agresión con objetos contundentes, uso e intimidación con arma blanca, intimidación con arma de fuego, entre otros. Para ambos tipos de violencia, se registraron para el caso del territorio de Salitre entre el 2010 y 2016, respectivamente, 52 y 53 hechos de agresión. (Zúñiga et all, 2017).

Hablamos, para aquel momento de al menos 105 agresiones ejercida contra un grupo de 20 personas recuperadoras indígenas, solo en Salitre, entre los años mencionados.

Las recuperaciones de territorio realizadas de manera directas, iniciadas en el territorio de Salitre, toman fuerza en otras zonas del país, tanto en el sur, en el cantón de Buenos Aires, en esta región las recuperaciones se expanden a otros territorios, como en China Kichá y Cabagra; como en la zona norte, en el territorio Maleku. Estas nuevas recuperaciones posteriores al 2015, responden a una maduración de la lucha indígena en defensa de sus derechos, del derecho a la tierra como una necesidad y un medio para la reproducción de la vida y la cultura indígena, así como una forma de protección y saneamiento de los suelos y la biodiversidad presente en dichos territorios indígenas.

La violencia hacia las personas indígenas recuperadoras de territorio ha sido constante, ha estado alimentada por la desinformación, la tergiversación de las razones que motivan las recuperaciones, por la inacción del Estado y las autoridades judiciales respectivas, o en el mejor de los casos, en el poco avance, dichos elementos constituyen el caldo de cultivo para la impunidad ante tales agresiones. Recientemente en un informe presentado por la Coordinadora de Lucha Sur-Sur indican que para el año 2021, en los territorios de Cabagra, Salitre, China Kichá y Térraba, ocurrieron 63 eventos de violencia, en los cuales si se contabiliza los diferentes tipos de agresiones suman un total de 24 diferentes tipos, entre los cuales destaca: el amedrentamiento, las invasiones a las recuperaciones por parte de no indígenas, los daños a la propiedad, la omisión policial, las amenazas, entre otros. De la sumatoria de las distintas ocasiones en que ocurrieron estas agresiones en los cuatro territorios, resultan un total de 234 agresiones contra personas indígenas recuperadoras. El informe menciona, que actualmente hay 12 personas indígenas amenazadas de muerte. Estos hechos evidencian que continúan la intimidación, el hostigamiento contra personas recuperadoras; de la misma manera continua el uso de armas de fuego para intimidar y agredir, se reinvaden fincas ya recuperadas, se realizan los daños a los bienes, propiedades y cultivos, entre otros. (Chaves, 2022).

Recordemos, para no olvidar, que, a la fecha, hay dos personas indígenas, defensoras de derechos de los pueblos originarios, entre estos el derecho a la tierra, asesinadas por su vinculación y participación de estos procesos autónomos. Cabe preguntarnos en un país que dice ser defensor de los Derechos Humanos, si ¿Es necesario que esta cifra aumente para se cumpla de manera efectiva el acceso a la tierra/territorio de los pueblos indígenas? Esta más que demostrado el derecho que tienen y les respalda a los pueblos indígenas sobre sus tierras; es claro, de acuerdo a lo que establece la Ley Indígena, cuál debe ser el proceder del Estado y las instituciones encargadas; es claro, también, que la solución ofrecida por los gobiernos anteriores no ha sido la más adecuada y se siguen arrastrándose pendientes. A la vez, queda demostrado que el ejercicio y la organización autónoma de los pueblos indígenas en la defensa y recuperación pacífica de sus territorios ha sido la mejor respuesta hasta ahora, y ha generado en 10 años de lucha, lo que los gobiernos no han hecho en más de cuatro décadas.

Bibliografía

Chaves García, Nery. 2022. Segundo Informe de Agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica. Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Costa Rica. https://radios.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2022/08/CLSS-Informe2021.pdf

Zúñiga Muñoz, Xinia, Juan A. Gutiérrez Slon, César Moya Aburto, Pablo Sivas Sivas y Mariana Delgado Morales. 2018. El territorio de Salitre: Memoria, Derechos, Violencia, 2010-2017. Informe de investigación. Universidad Estatal a Distancia. https://cicde.uned.ac.cr/images/investigaciones/informe_salitre.pdf

Andrej Badilla Solano

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La lucha contra la corrupción es tanto política como científica y cultural, comienza en la pequeña escala, en las oficinas, departamentos, instituciones y municipalidades. Pero, para luchar contra la corrupción se requieren algunas condiciones y es sobre lo anterior que tratan los últimos dos informes de la OCDE, el primero, el Estudio económico de la OCDE sobre Costa Rica (2020) y el segundo el Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos (2022). En ambos estudios se señala que la desprotección del denunciante constituye uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción. Como señala la OCDE (2020):

(…)la protección de quienes denuncian irregularidades es una herramienta esencial para resguardar el interés público y promover la rendición de cuentas y la integridad en las instituciones públicas y privadas. Los países de la OCDE están adoptando cada vez más la legislación de protección de los denunciantes. Costa Rica cuenta con una serie de mecanismos de protección para denunciantes, víctimas y testigos de actos de corrupción que se aplican a nivel penal y administrativo. Sin embargo, actualmente no existe una ley específica que brinde protección a los empleados del sector público contra acciones discriminatorias o disciplinarias una vez que hayan dado a conocer las irregularidades. La promulgación de una ley de protección de los denunciantes de irregularidades, o una disposición legal relacionada específicamente con la presentación de denuncias o la prevención de represalias contra los denunciantes de irregularidades sería un paso eficaz para promover la prevención de la corrupción. En el sector privado, la protección de los denunciantes puede ayudar a las empresas a prevenir y detectar sobornos. En el sector público, puede facilitar la detección del mal uso de los fondos públicos, el despilfarro y el fraude (OCDE, 2020, 61).

La corrupción, al igual que el mítico Jano, tiene dos caras, el corrompido y el corruptor, el que soborna y el que recibe las dádivas y tan deplorable es el funcionario público que recibe dádivas como el sector privado que recurre a este tipo de prácticas. No obstante, quisiera centrarme en las otras consecuencias de la desprotección del denunciante, desde la perspectiva administrativa y de la cultura organizacional, en los castigos sociales y en los mecanismos de exclusión que produce la desprotección de la denuncia en los funcionarios públicos. Estas se manifiestan en al menos los siguientes puntos: en primer lugar, aislamiento social, el denunciante es separado de su puesto o de las dinámicas sociales del cuerpo laboral y en los casos más graves recibe ataques físicos, amenazas, burlas, difamación o ataques a la dignidad del funcionario, lo cual impacta negativamente la salud de la persona. En segundo lugar, el denunciante es señalado de problemático. Lo que en el fondo es una estrategia que pretende trasladar la responsabilidad de lo denunciado al denunciante y una estrategia de debilitamiento de la dignidad del funcionario. En tercer lugar y relacionado con el aislamiento social, la persona denunciante no logra captar aliados dispuestos a fungir como testigos ante las irregularidades, por lo que todo el peso y el castigo social, por no decir económico y sobre la salud física, mental y emocional recae sobre el denunciante. Dado que el costo político y social de denunciar es mayor que luchar contra aquellas situaciones que merecen revisión, se contribuye así a crear un ambiente laboral tóxico, violento, corrupto, sin espíritu de autocrítica ni con capacidad de mejora. Lo anterior, parece relacionar la desprotección del denunciante con la cultura de la impunidad, creando así un círculo vicioso que se repite. En cuarta instancia, existe una clara incoherencia entre la teoría y la práctica contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es utilizada como un leitmotiv político, es decir, se plantea un clima político de lucha contra la corrupción, sin embargo, este es apersonal, se da en el mundo de las ideas, en los diagnósticos e informes de labores, en los discursos y manifiestos. Pero, en la pequeña escala, en la escala laboral, en las oficinas, instituciones y departamentos donde la lucha es personal, directamente contra el funcionario que incumple sus funciones o contra aquellas personas cuestionadas, el discurso y la praxis se vuelven incoherentes, principalmente por el costo social explicado anteriormente. La lucha contra la corrupción es tanto política como personal, pero requiere de las condiciones adecuadas para ello, como, por ejemplo: proteger al denunciante. En quinto lugar, dadas las condiciones anteriores, muchas de las personas denunciantes no continúan con los procesos de denuncia, por lo que la ausencia de investigaciones que permitan distinguir entre los hechos comprobables y las percepciones distorsionadas impiden implementar las correcciones necesarias y se crea un clima de impunidad que legitima a los victimarios en desméritos de las víctimas. Lo anterior, permite entonces que aquellos funcionarios cuestionados se empoderen ante el clima de impunidad de la institución, contribuyendo así a reproducir el ciclo de impunidad. Por último, no debe omitirse el papel que juega la cultura y las circunstancias en la lucha contra la corrupción. Por más que una persona en un puesto de autoridad o un funcionario raso quiera denunciar, si este no es acuerpado por el colectivo de funcionarios, su capacidad de acción disminuye o se anula, colaborando así a la permanencia del círculo vicioso de la impunidad y la corrupción. La impunidad genera más impunidad, el costo social de no denunciar sigue siendo mayor en términos del desmérito de la función pública y ni que decir de la salud física, mental y emocional de las personas denunciantes. Es necesario combatir la corrupción en todas sus escalas, rechazar la cultura de la impunidad y la desprotección del denunciante. Urge actuar contra la corrupción en todas sus escalas y evitar la procrastinación política. Dentro del imaginario público la corrupción siempre ocurre en otro lado, en otra institución y en un constante ejercicio de negación se debilita la evaluación y la autocrítica, se fomenta la impunidad y el ciclo se repite. ¿Cómo podemos mejorar la administración pública si no contamos con los mecanismos necesarios para corregir lo que deba corregirse? Aplicar la normativa no puede ni debe ser el resultado antojadizo y caprichoso de quienes tiene poder. Hay que ensuciarse las manos, dejar de pensar desde la egoísta y malsana comodidad individual, enfrentar los problemas de la cultura organizacional y la corrupción con valentía, madurez, inteligencia, con base en evidencia y siguiendo el debido proceso. Los problemas en las instituciones no son de unos pocos, son problemas colectivos, y sí, no todos los funcionarios públicos son corruptos, pero una minoría que se sale con la suya solo lo logra con la complicidad de la mayoría.

Bibliografía

OECD (2020), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/84cbb575-es.

OECD (2022), Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/548807dd-es.