Elaborado por:
Marcela Pérez Rodríguez

Investigadora-CICDE

Nos encontramos con personas adultas mayores, pensionadas y jubiladas, que tienen realidades y situaciones diferentes, pero que comparten, en muchas ocasiones, un escenario en común: el ingreso por pensión no alcanza y tienen que trabajar, a pesar de la edad y su precaria situación de salud.

En el imaginario social existe la creencia de que, las personas pensionadas no trabajan y tiene la disponibilidad y el tiempo para realizar actividades de ocio o recreativas. Para muchas personas, la jubilación como derecho representa un “problema económico y social”, ya que significa ese cambio de la persona activa-productiva-trabajadora, a la persona en jubilación-jubileo-recreación. En ese proceso de transición, se visualiza a la persona pensionada, como una persona que se ocupa, solamente, en aquellos proyectos de vida personales, que no pudo realizar durante su vida laboral y que, le generan satisfacción. Cuando se menciona pensión como un derecho de protección económica, también se relaciona con el término jubilación como las posibilidades que tiene las personas para realizar sus proyectos de vida personal sin que exista una relación entre “patrono(a)-trabajador(a)”.

Lo cierto es que, las personas pensionadas y jubiladas trabajan y aportan a la economía y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Los trabajos los realizan con remuneración o sin remuneración, inclusive, con gran frecuencia, en tareas relacionadas con los cuidados. ¿Cuántas abuelas y abuelos asumen la responsabilidad de cuidar a sus nietos? ¿Cuántos hogares de nuestro país, se sostienen con el ingreso por pensión de una persona adulta mayor? ¿Cuántas mujeres pensionadas trabajan como voluntarias en los hospitales u hogares de larga estancia?

Cuando caminamos por la calle o visitamos algún establecimiento comercial nos encontramos personas adultas mayores (hombres y mujeres) trabajando de manera informal ya sea vendiendo verduras, cuidando carros, vendiendo flores o comida. Cuando nos acercamos a esas personas y conversamos, en algunas ocasiones nos dicen que la “pensión no alcanza para vivir”. Esta escena es muy común en nuestro país. También, nos encontramos con personas que no tienen pensión y su situación es mucho más crítica.

Las políticas públicas con un enfoque interseccional deben de garantizar la alimentación, salud, vivienda o habitación, vestimenta, cuidados integrales de este grupo etario. La protección económica no es solo un recurso o ingreso fijo que tiene una persona para sobrevivir, sino que va más allá, y es precisamente, a través de las estrategias y acciones estatales que deben de garantizar que las personas adultas mayores tenga una calidad de vida digna, sin que se les violenten los derechos culturales o sociales, a través del tiempo. De ahí la importancia del Estado, ya que es la instancia que podría facilitar el proceso de construcción de leyes y políticas, orientadas a mejorar sus condiciones de vida, mediante el diálogo permanente con los distintos movimientos socioculturales y, grupos locales de personas pensionadas adultas mayores. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene una sección de apoyo a las personas adultas mayores, de conformidad con lo que indica la Ley N°7935, en la que lo obliga a crear programas orientados al emprendedurismo y empleabilidad, en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Social, donde se desarrollan actividades socioeducativas, en coordinaciones con organizaciones locales y las municipales. La pregunta que se genera es si estas acciones están cubriendo en su totalidad esta población, no solo referente al tema de trabajo, sino a los cuidados, tanto de las personas adultas mayores activas, como las dependientes. Tenemos que considerar que la población de las personas adultas mayores está creciendo rápidamente, como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien expresa que, para el año 2050, 21 de cada 100 habitantes en Costa Rica tendrá 65 años y más, lo que significa que los problemas o situaciones relativos a las personas adultas mayores, cada vez, tendrán mayor importancia e implica una reorganización social, cultural y económica, donde las vejeces, que son diversas, deberán de contemplarse en la construcción de las políticas sociales.

Andrey Badilla Solano

La seguridad social es sin lugar a dudas, el instrumento a disposición del Estado costarricense más importante en la lucha contra la actual crisis sanitaria. Es a su vez un pilar de la justicia social y de redistribución de la riqueza, así como una inversión a favor de la vida. Históricamente los pilares básicos de bienestar han sido: la atención y prevención de la salud, las pensiones y jubilaciones, el sistema educativo y el sistema nacional de cuido. No obstante, un Estado puede requerir de otros pilares del bienestar cuando las condiciones materiales y el progreso en materia de derechos humanos así lo demanden.

Los sistemas de seguridad social constituyen en su definición mínima, un mecanismo de gestión de las contingencias y riesgos de la vida en sociedad, es decir, un sistema de políticas e instituciones de protección social y gestión del riesgo. En este sentido, la seguridad social está estrechamente relacionada con el bienestar social y la política social. El bienestar social se refiere a la calidad de vida de la población en su aspecto material, mientras que la política social se refiere a la gestión de las consecuencias del desarrollo desigual que caracteriza a las sociedades capitalistas. Sin embargo, dicha gestión (la protección social y la gestión del riesgo) se logra mediante tres grandes fuentes: en primer lugar, el bienestar social, es decir, creando las condiciones materiales necesarias para una vida de calidad. En segundo lugar, mediante la justicia social, en otras palabras, creando igualdad de oportunidades y derechos. Y en tercer lugar, a través de la legalidad, del orden legal que rige el aparataje institucional del Estado, aunque sobre este último aspecto debe recordarse que lo jurídico es una expresión de un tiempo político, situado temporal, contextual, cultural e históricamente, que deviene incongruente en la medida que avanzamos hacia un estado mayor de derecho o comprendemos mejor la sociedad y la naturaleza. Es en este sentido que Costa Rica, no es solo un Estado de derecho, sino un Estado social de derecho, es decir, existen una serie de responsabilidades sociales establecidas en la constitución de nuestro país, como: derecho a la salud, educación, al trabajo, a un medio ambiente sano y algunos otros. No obstante, durante las últimas décadas, la seguridad social, sus políticas e instituciones han tenido un enorme deterioro. Por ejemplo, el sistema de financiamiento de la Seguridad Social costarricense parte de la base de las contribuciones tripartitas, es decir del aporte del Estado, los patrones y las personas trabajadoras, pero, debido a la creciente tendencia de la precarización del mercado laboral, debido a la informalidad y al desempleo, así como al frecuente e irresuelto problema fiscal del Estado, la institucionalidad del bienestar aún vigente ha visto un retroceso en la calidad de los servicios ofertados y en su respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables del país.

La salud es un derecho humano y a su vez un bien público, es decir, por un lado es un derecho irrenunciable y exigible por parte de todos los habitantes del territorio, pero y por el otro lado, es un bien tutelado por el Estado en condiciones extraordinarias como la actual pandemia. No obstante, los altísimos niveles de desempleo e informalidad, así como la baja productividad de nuestras actividades productivas, se han convertido en uno de los mayores obstáculos en medio de la gestión de la pandemia. Más del 50% de la fuerza de trabajo del país se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad debido a su situación laboral, lo que los obliga a tener que incumplir las medidas de distanciamiento físico debido a que dependen de la generación de ingresos por día trabajado, en otras palabras, deben salir a la calle a ganarse el pan de cada día. Parece que el Estado olvida que el acatamiento de las medidas sanitarias solo será posible si se garantizan condiciones para la vida misma, ello exige comprender la relación inversamente proporcional que existe entre la libertad y la seguridad, a mayores niveles de libertad menor la seguridad que puede brindarnos el Estado, mientras que a mayor seguridad menor es la libertad de la que disponemos. En medio de la pandemia, el Estado aplica medidas que reducen la libertad de la población con miras a garantizar mayor seguridad sanitaria, sin embargo, dicho intercambio es imposible sin las condiciones materiales que garanticen la seguridad de los sectores más vulnerables, como: personas desempleadas, en informalidad y en condición de pobreza. Lo anterior requiere de al menos las siguientes medidas:

• Transferencias monetarias que garanticen un piso de bienestar durante toda la pandemia y no solo durante pocos meses.

• Bancos de alimentos mediante el sistema nacional de cuidados.

• Acceso gratuito a TICs, tanto en equipo como conectividad para toda la población estudiantil.

• La creación de un seguro de desempleo.

• La evaluación del perfil de las personas internadas en la unidad de cuidados intensivos, así como con orden sanitaria con tal de crear estrategias de comunicación y prevención más efectivas.

• Una estrategia nacional de comunicación focalizada en la infodemia y en la agnotología, es decir, de la creación social de la ignorancia.

• Una reforma fiscal progresiva.

Por último, no debe olvidarse que es importante que la economía crezca pero aún más importante que la economía reparta y que los determinantes sociales de la salud son centrales en la creación de estrategias más efectivas que superen las limitaciones del mero análisis epidemiológico.

Andrey Badilla Solano. Doctorando del programa Análisis de Problemas Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Magíster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Costa Rica. Investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

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